La semana pasada el Ministerio de Sanidad estableció una serie de indicadores para frenar el avance de la pandemia en las ciudades españolas. El Ejecutivo señaló a las grandes ciudades, aquellas con más de 100.000 habitantes, como las regiones donde implementar una serie de umbrales de riesgo para determinar cuán descontrolado estaba el virus dentro de los municipios. Si la IA en los últimos 14 días es superior a 250, una especie de semáforo en ámbar se activa. Habría que tener cuidado porque hay riesgo de transmisión comunitaria. Sin embargo, si la incidencia ya es mayor de 500, la positividad (porcentaje de positivos por pruebas PCR realizadas) supera el 10% y la ocupación en UCI de pacientes COVID-19 rebasa el 35%, salta la alerta roja y se implementan nuevas restricciones a la movilidad.
En Canarias hay cuatro municipios donde esto podría pasar: Las Palmas de Gran Canarias (379.925 habitantes), Santa Cruz de Tenerife (207.312), San Cristóbal de La Laguna (157.503) y Telde (102.647). En la capital de la isla redonda, la incidencia acumulada llegó a ser de 600 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas a principios de septiembre. Podría haberse visto abocada a un confinamiento si Sanidad hubiera presentado las medidas un mes antes. Ahora la IA ha bajado más de la mitad. Y en las ciudades de Tenerife tampoco tiene pinta de que vaya tan siquiera a acercarse a las cotas marcadas por el Gobierno. Telde, por su parte, está en otra liga.
El municipio grancanario registra una incidencia de 26,3 en los últimos 14 días. Para poner en contexto, Parla, que tiene 128.000 habitantes, acumula una IA de 882. En Barakaldo (100.000) es de 258. Y en Lorca (94.404) asciende a 852. “Nosotros nos adelantamos a tomar medidas, sobre todo en la organización de actos, eventos, apertura de instalaciones, etc.”, explica el alcalde de Telde, Héctor Suárez. “Tomamos decisiones estrictas después del final del confinamiento. Mantuvimos algunos espacios públicos, como los parques, cerrados. En la playa también pusimos mucha precaución, así como en los actos multitudinarios”.
Con estos datos, Telde es la ciudad española con más de 100.000 habitantes que tiene los mejores datos contra la COVID-19. “Pusimos mucha incidencia en las reuniones sociales. Trabajamos la prevención y tuvimos una buena coordinación con las distintas administraciones”, resume Suárez, quien también achaca el buen registro al “compromiso de la ciudadanía”. “En estos momentos queremos ser el motor de la recuperación del virus en Gran Canaria”.
Los contagios subieron a principios de septiembre, como en toda Canarias. El virus entró en la residencia privada San Lorenzo, donde Sanidad detectó ocho infectados tras un positivo y provocó algo de nerviosismo entra los ciudadanos. “Estábamos muy preocupados. Tenemos varias residencias, pero se contuvo bien. Al día siguiente el recurso ya pudo ser estabilizado. Nuestro personal ha presentado un sobreesfuerzo para que la incidencia sea baja en todo momento”, remarca el alcalde.
Telde, como municipio, no cuenta con competencias para la contratación de rastreadores, quienes corresponden a las comunidades autónomas. Tampoco reúne hospitales entre sus calles, solo varios centros sanitarios. Y es limítrofe con Las Palmas de Gran Canaria, capital con una gran incidencia de COVID-19 durante toda la segunda ola. Con varios barrios periféricos, la densidad de población en la región no es muy alta: cerca de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Volviendo al caso de Barakaldo, allí la cifra es de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Telde también se vio afectada por las limitaciones que impuso el Gobierno de Canarias (y que aún siguen vigentes) en Gran Canaria el pasado 27 de agosto al superar la isla redonda los 100 casos por 100.000 habitantes en la última semana. Esta medida, alabada por el Ministerio de Sanidad y que sirvió en Canarias para frenar la curva, prohíbe las reuniones de más de 10 personas, establece a las 00:00 el cierre de bares y restaurantes, y obliga a los centros de día no ocupaciones a permanecer cercados. Hasta el próximo 10 de octubre, esta normativa seguirá aplicándose a Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.
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