Telde solicitará al Gobierno de Canarias que destine los fondos procedentes del IGTE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas) a la reapertura de las escuelas infantiles en el municipio. El Gobierno local está ultimando una moción para el Pleno ordinario de enero que pretende sea institucional, y por lo tanto reciba el apoyo de todos los grupos políticos presentes en el Consistorio, pidiendo que los fondos del IGTE que corresponden a Telde sean utilizados para reanudar el servicio ofrecido por las escuelas infantiles.
El Gobierno que preside Fernando Clavijo hizo pública en fechas recientes su intención de destinar el dinero en cuestión al Plan de Desarrollo y Cohesión de Canarias (PDCAN) que durante los próximos 10 años contará con una inversión que superará los 1.600 millones de euros. Las tres grandes líneas estratégicas del PDCAN, según anunció Clavijo a finales del pasado mes de noviembre, serán infraestructuras, Innovación+Desarrollo+investigación (I+D+i), y políticas activas de empleo.
Dentro de estos dos últimos ámbitos, que persiguen tanto la potenciación del conocimiento como la reducción de la pobreza y la exclusión social para la instauración de un nuevo modelo económico en el Archipiélago, el Gobierno de Telde entiende que cabe encuadrar de lleno a las escuelas infantiles.
En este sentido, tanto la normativa europea como los estudios especializados en la materia avalan la trascendencia de la educación de0 a3 años en la formación integral de la persona. Igualmente, este servicio resulta fundamental para las familias en riesgo de pobreza y exclusión social, pues además de la educación cubre aspectos tan básicos como la alimentación, permitiendo además a los padres y madres la búsqueda activa de empleo, especialmente a las mujeres.
El Ejecutivo local, que ya solicitó al Gobierno de Canarias una cantidad de 2 millones de euros para reabrir las escuelas, continúa así en la línea de trabajo emprendida desde su estreno y que ha establecido como prioritaria, la que debe finalizar con la puesta en funcionamiento de estos centros cerrados en 2013 –con la readmisión de las trabajadoras despedidas- y que prestaban a casi 500 familias un servicio básico y esencial.
