El Ayuntamiento de Telde celebrará el próximo martes 29 de marzo, a partir de las 17.30 horas y en la ermita de San Pedro Mártir, la segunda reunión dela Mesa de Prevención de Desahucios, un foro impulsado por el Gobierno local y que arrancó con el primer encuentro el pasado 13 de octubre.
Esta Mesa de Prevención de Desahucios tiene como objetivo primordial coordinar a los diferentes agentes sociales implicados en materia de vivienda, tanto instituciones públicas como organizaciones no gubernamentales, así como plataformas ciudadanas o entidades bancarias. Se busca articular medidas para evitar los desalojos tanto por ejecución hipotecaria como por impago de alquiler, o en su caso, ofrecer alternativas si esto no fuera posible.
Para esta segunda reunión dela Mesade Prevención de Desahucios están convocados la consejera de Vivienda y vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández; las consejeras insulares de Vivienda, Ylenia Pulido, y de Política Social, Elena Máñez; el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra; el director general de Vivienda del Ejecutivo autonómico, José Gregorio Pérez; el gerente de la empresa pública Visocan, Víctor González; el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas; el Colegio del Colegio de Educadores Sociales de Las Palmas; el Colegio de Abogados de Las Palmas; el Colegio de Procuradores de Las Palmas;la Fundación Canaria Yrichen; Cáritas Diocesana Las Palmas; Cruz Roja Española; PAH-Stop Desahucios Gran Canaria; Iglesia Evangélica; ONG Oportunidades de Vida; representantes de las entidades bancarias La Caixa, Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter, Cajamar-Caja Rural de Canarias, Banca March y Bankia; y personal de la empresa pública de Vivienda, Fomentas. Por parte del Gobierno local acudirán la alcaldesa, Carmen Hernández, el vicealcalde Alejandro Ramos, la concejala de Servicios Sociales, Natalia Santana, y el concejal de Policía, Juan Martel. También se sumará Félix Ramos, jefe dela Policía Local.
Esta Mesa de Prevención de Desahucios nace, como ya apuntó la primera regidora en octubre, “en una situación social y económica de especial gravedad en el municipio”, que sufre altas tasas de desempleo y pobreza. En cuanto a la realidad habitacional, más de 2.000 familias han pedido ayuda institucional en Fomentas desde 2009. El Registro Público de Vivienda del Gobierno de Canarias cuenta con más de 3.500 demandantes de casas en la ciudad, donde se estima que superan la cantidad de 7.000 los inmuebles vacíos, ya sean públicos, de titularidad bancaria o pertenecientes a promociones privadas.
Los participantes del primer encuentro en 2015 acordaron que la empresa pública Fomentas realizara un diagnóstico de la situación de la vivienda en el municipio, informe que será presentado este martes. También se subrayó la necesidad de que el Gobierno de Canarias, que es la institución que tiene las competencias en exclusividad en materia de vivienda, participe en este foro. La Mesa coincidió en la necesidad de que el Ejecutivo autonómico reoriente las políticas públicas de acceso a la vivienda.
