El Ayuntamiento de Agüimes ha sido condenado a devolver 29.184 euros a una familia del municipio por los cobros irregulares a usuarios de la residencia de mayores durante la etapa en que el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, era alcalde de la localidad. Esta es la segunda sentencia contra el Consistorio, que ante el primer varapalo judicial decidió allanarse ante todas las demandas que siguen pendientes en los tribunales y por las que tendrá de abonar un total de más de 200.000 euros.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en una sentencia del pasado 28 de noviembre, estima el recurso de un vecino de Agüimes al que el gobierno municipal había denegado una reclamación por el cobro de los servicios a una paciente de la residencia, madre del denunciante, por la que el Ayuntamiento ya recibía una subvención del Cabildo con cargo a la Ley de la Dependencia.
En esta segunda sentencia l condenatoria, el magistrado Alfonso Silos declara la nulidad de la actuación del Ayuntamiento y reconoce el derecho a que les sean devueltas las sumas que se cobraron a la madre del demandante, cuyo importe asciende a 29.184,80 euros. Contra esta resolución judicial no cabe recurso alguno, pues el actual gobierno municipal de Nueva Canarias (NC), ahora encabezado por Óscar Hernández, optó por allanarse a las pretensiones de los familiares y pagar las cantidades reclamadas.
Puesto que hubo seis demandas por esa misma cantidad -cuatro todavía pendientes de sentencia-, más otra denuncia reciente por los mismos hechos, los abogados de las familias calculan que las devoluciones superarán los 200.000 euros. El allanamiento evita al Consistorio de Agüimes tener que pagar las costas del proceso judicial.
La primera sentencia, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de la capital grancanaria, condenó al Ayuntamiento a abonar a una interna de la residencia los 29.184 euros que le habían cobrado de forma indebida entre enero de 2014 y julio de 2016. En ese pleito sí se impusieron las costas judiciales a la corporación municipal. En estos procedimientos figuran como codemandados el Cabildo y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).
Los cobros irregulares a usuarios y familiares en la residencia de mayores han generado tensas polémicas en el Cabildo entre el presidente Morales y los grupos de la oposición, pues mientras el primero atribuye las denuncias a discrepancias administrativas y sostiene que con el allanamiento del Consistorio «ya está todo aclarado», los cuatro grupos opositores -PP, Unidos, Podemos y CC- han exigido explicaciones sobre el destino de esos fondos cobrados de forma indebida a los internos, pues entienden que también se puede haber cometido un fraude al propio Cabildo y al IAAS.
Al hilo del último enfrentamiento del presidente insular con el PP, después de que la consejera Aurora del Rosario espetara a Morales que está «nervioso» y «le suda la calva», y éste le respondiera que a ella «le suda el bigote», los populares recordaron ayer que Morales también llamó «mentiroso patológico» y «cobarde» al exportavoz Felipe Afonso el Jaber por pedirle explicaciones sobre esos hechos.
La Provincia-Dlp
