El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció ayer una demanda civil de conciliación contra LA PROVINCIA/DLP en respuesta a la publicación por parte de este periódico del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre el Ayuntamiento de Agüimes en el que se recogen numerosas irregularidades durante el año 2013, en la etapa en que era alcalde de ese municipio.
Morales reiteró las acusaciones
contra este diario por lo que considera «una burda manipulación para favorecer los intereses políticos y empresariales de ATI-CC» y no descartó tomar otras medidas judiciales «más adelante», en función de como se resuelva la demanda de conciliación. En esta ocasión extendió las críticas a sus adversarios políticos en el Cabildo -el PP, Unidos y Podemos-, pues a su juicio «se han sumado a una campaña mediática» para deteriorar su imagen.
Morales accedió a dar explicaciones ante el Pleno del Cabildo después de rechazar una solicitud de comparecencia de los tres grupos de la oposición por llegar fuera de tiempo. En una intervención de media hora, con un turno de cinco minutos para los portavoces de los grupos políticos, cuestionó varias conclusiones de los auditores de la Audiencia de Cuentas y volvió a tachar de «sicarios» a los informadores de este periódico.
En el segundo turno, y ante los reproches de los portavoces de la oposición, Morales matizó que «no ha atacado a los periodistas, sino a la empresa», pues consideró que «en ningún sitio está escrito» que él no pueda señalar «las relaciones entre los poderes políticos y empresariales».
Ante el Pleno del Cabildo, Morales negó «cualquier ilegalidad» en su gestión en Agüimes y, contra lo que se recoge en el informe de la Audiencia de Cuentas, aseguró que todas las cuentas bancarias del Ayuntamiento estaban controladas por los servicios municipales de Intervención y de Tesorería.
«El Ayuntamiento ha ido corrigiendo todas las objeciones de la Audiencia de Cuentas, pero no corresponde al político el control de las formalidades administrativas, sino a cada cuerpo técnico de la administración, que son los que deben hacer un seguimiento de los aspectos formales de la ejecución de los presupuestos y de las demás gestiones administrativas», apuntó.
Sospechas
Morales dijo que ofrecía su «interpretación» de la auditoría de Agüimes «para preservar y defender al Cabildo, porque han intentado mezclar las dos instituciones quienes no tienen reparos en exagerar, desfiguran, manipular un informe y trasladar la idea de que el Cabildo queda afectado también por sospechas».
«Unos tenemos responsabilidades y otros están desesperados porque cada actuación los aleja de la confianza y el aprecio ciudadano; y tan desesperados están algunos ante la consolidación de las políticas progresistas en este Cabildo que quieren debatir la auditoría de un ayuntamiento y convertirla en un debate insular», señaló Morales en clara referencia a los tres grupos de la oposición, de los que dijo que «no trabajan lo suficiente, están descolocados y se agarran a un medio de comunicación al servicios de ATI».
Tras recordar que el informe de la Audiencia de Cuentas es público desde el mes de diciembre de 2016 y que ya este periódico informó sobre ello en enero de 2017 con la calificación de «errores», no ilegalidades, Morales atribuyó las nuevas informaciones a las denuncias que ha realizado el actual gobierno del Cabildo por los desequilibrios insulares a favor de Tenerife y por el rechazo al proyecto del aire propanado, obviando que el dictamen definitivo de la Audiencia de Cuentas se presentó hace tres semanas en el Parlamento.
A su juicio, en el informe «siempre se habla de deficiencias formales, jamás de ilegalidades, porque el propio reglamento de la Audiencia de Cuentas dice que cuando se adviertan responsabilidades contables se remiten inmediatamente a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas y eso no se hizo».
En referencia a los contratos, sobre los que el informe señala que no aparecen las justificaciones, dijo que «no es cierto», pues el Ayuntamiento dispone de un gestor de expedientes de contratación en el que figuran todos los contratos de la entidad y funciona en la práctica como un registro, incluidos los contratos menores.
«Agüimes no solo cumple la Ley de Contratos, sino que todos los que sean de más de 1.000 euros son aprobados por la Junta de Gobierno local y acompañados por tres presupuestos», manifestó Morales, quien precisó que «sobre los seis expedientes de 2013, la Audiencia indica que se aprecian deficiencias formales, pero fueron justificadas con el informe del secretario municipal en el periodo de alegaciones».
En ese informe, según Morales, se indica que en el perfil del contratante no es necesaria la publicación de determinados contratos por razón de su cuantía, inferiores a 200.000 euros en el caso de obras o 60.000 euros en el caso de suministros. También explicó los pormenores de dos expedientes, el de un aplicativo de solfware y explotación del restaurante El Alpendre, que es de propiedad municipal y se adjudica en régimen de explotación.
Ambas contrataciones fueron realizadas por el procedimiento negociado sin publicidad y, según la Audiencia de Cuentas deberían ser abiertos. Según, «esa interpretación es incorrecta, dado que en el primer caso no se tuvo en cuenta el informe de exclusividad que realizó el responsable de los servicios informáticos municipales y, en el caso de El Alpendre, porque se hizo un procedimiento abierto que quedó desierto en 2012 y en 2013 y por eso se hizo un procedimiento negociado, tal y como permite la ley y consta en el expediente».
«A lo mejor es que los auditores en algunos casos se pueden equivocar porque no siguen el rastro de todos los expedientes». Respecto al fraccionamiento de contratos, afirmó que «la Audiencia dice que se hizo sin ánimo de eludir los controles». A modo de ejemplo, detalló que la adjudicación de la vigilancia del Faro de Arinaga «quedó desierta en tres ocasiones y por lo tanto fue necesario mantener el contrato hasta resolver la licitación».
Cuentas bancarias
Tras negar de forma tajante la existencia de una caja B, que atribuyó a «una burda manipulación», aseguró que «todas las cuentas tienen el seguimiento necesario de los órganos de control del Ayuntamiento, tal y como se argumentó en las alegaciones».
«El Ayuntamiento -explicó- tenía en cada entidad bancaria del municipio una cuenta corriente restringida de recaudación, 13 en total, que únicamente se usaban para que los contribuyentes tuvieran la facilidad de pago de sus tributos en todas las entidades, para que alguien de Arinaga o Montaña los Vélez no tuviera que desplazarse a un banco del casco de Agüimes». Frente a lo que recoge la auditoría, insistió en que todas esas cuentas estaban controladas por la Intervención y la Tesorería.
«Las entidades bancarias exigían para la apertura de cuentas restringidas de recaudación la apertura de cuentas operativas, pero esas nunca se utilizaron por parte del Ayuntamiento y siempre tuvieron un saldo de cero euros; jamás se utilizaron esas cuentas», añadió.
El propio Cabildo, según Morales, también incumple, ahora y antes con el PP, muchos de los procedimientos administrativos que el informe le achaca a Agüimes.
La Provincia-Dlp
