MÁS PROBLEMAS PARA NUEVA CANARIAS: LA FISCALÍA DENUNCIA A ISABEL GUERRA POR FRAUDE EN LAS SUBVENCIONES

La Fiscalía considera que Isabel Guerra, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Maguada y concejala por Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Teror, cometió un delito de fraude en las subvenciones al haber presuntamente utilizado el dinero que había recibido del Gobierno de Canarias para una serie de proyectos –en total, 128.618,97 euros– en otras actividades de la entidad que ya contaban con financiación propia, lo que habría generado un beneficio irregular. El Ministerio Público, que recibió meses atrás una denuncia por los hechos, remitió a mediados de julio un decreto al Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria para que lo remita al Juzgado de Instrucción que le corresponda por turno y este inicie las diligencias previas de investigación.

La denuncia elevada ahora a los juzgados es fruto de las pesquisas realizadas por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a raíz de un escrito y de diversa documentación que les fueron remitidos el pasado mes de febrero. De ellos se desprende indiciariamente que Guerra, en su calidad de máxima responsable de Maguada, utilizó diferentes recursos públicos y financiación en el ámbito de los servicios sociales «con una finalidad exclusivamente personal, sin atender a los objetivos aducidos para obtener dicha financiación».

El montante total asciende a 128.618 euros que habían sido concedidos para dos proyectos

La organización presidida por Isabel Guerra percibió recursos públicos de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias destinados a tres proyectos sociosanitarios denominados Salud Vital, Una Mano Amiga y Respira Maguada. Solo por la primera recibió 56.667,10 euros y por la segunda, otros 71.951,87 euros que suman en total 128.618,97 euros. De acuerdo con el escrito elevado al Juzgado Decano por la Fiscalía, el equipo humano que debía haber estado dedicado a estos programas acabó realizando otros.

En lugar de destinar el personal «que tiene que atender estos programas con la atención personalizada a los beneficiarios», fue utilizado para atender otras obligaciones que tenía la organización, de acuerdo con la acusación. En concreto, al convenio que Maguada suscribió el 22 de junio del año pasado con el Instituto de Atención Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria para abordar la prestación de servicios a personas que se encuentran en situación de dependencia.

La utilización del equipo humano destinado a unas funciones para otras distintas supone una elusión de los compromisos de la organización como receptora de subvenciones públicas, según se señala en el escrito. Al recurrir al mismo personal –ya financiado por el Gobierno de Canarias– en las labores relacionadas con el convenio alcanzado con el IAS del Cabildo, que contaban con su propia financiación, «se ha producido una elusión en el cumplimiento de los objetivos por los cuales se financian los programas sociales».

Maguada no solo utilizó personal para funciones distintas a las que debía realizar, de acuerdo con el relato de la Fiscalía. Presuntamente, también habría obtenido beneficios a partir de la venta de unos almanaques que solo podían ser usados como obsequio en el marco del programa Salud Vital. De acuerdo con el relato que acompaña la denuncia, los fondos de este proyecto fueron utilizados para confeccionar calendarios por un valor de 912,13 euros que fueron vendidos con posterioridad entre los propios usuarios del servicio.

El personal que debía cubrir esos programas tuvo que encargarse de otras labores

La finalidad de los calendarios debía haber sido la difusión del proyecto Salud Vital, no su comercialización para obtener nuevos recursos, pero aun así salieron a la venta por 12 euros. En cualquier caso, el precio fue rebajado a cinco euros «ante la falta de demanda de los mismos», agrega el Ministerio Público. De acuerdo con la denunciante que remitió el caso a la Fiscalía, Maguada pudo obtener en torno a 1.000 euros.

Vestuario en venta

Esta situación se repitió con otros productos, como el vestuario y los equipos de protección personal con el logotipo de la organización. Aunque habían sido financiados a través de una subvención procedente del erario público y debían estar destinados a su uso profesional por el personal contratado para llevar a cabo los servicios sociosanitarios, se vendían a terceros.

El decreto de la Fiscalía de Las Palmas también recoge el relato de otras incidencias, como la falta de contrato laboral de dos trabajadoras de la asociación. Menciona, asimismo, la falta de cualificación profesional de parte del personal, el desarrollo de otras actividades sin un contenido real de tratamiento sociosanitario y la realización de un curso de 20 horas –por el que había percibido 1.500 euros– en tan solo seis. Por último, asegura que Guerra exigía al personal una «actitud acrítica» durante el desarrollo de la actividad laboral.

Por todo ello, y al margen de otros hechos que puedan surgir durante la investigación judicial, la Fiscalía considera que Maguada –y por lo tanto Guerra como responsable, al ser su presidenta– incurrió en un delito de fraude en las subvenciones por la cantidad que surge de sumar las subvenciones recibidas para los proyectos señalados. Estos programas, agrega, quedaron «en principio desatendidos» y fueron «instrumentales para la ejecución de otros, igualmente con financiación pública».

La Provincia-Dlp