El plan de pagos que Telde propondrá a los tribunales para abonar en 8 años (hasta 2023) los 30,12 millones que se deben por expropiaciones ya cuenta con mayoría de votos. Más por Telde ha anunciado que lo respaldará en el Pleno. Ahora bien, exige que se depuren responsabilidades por toda esa deuda.
El portavoz de Más por Telde (MxT), Juan Francisco Artiles, hoy en la oposición, estuvo hasta marzo pasado al frente de Urbanismo y fue ahí, junto con Hacienda, donde se cocinó parte del plan de pagos que acaba de presentar el gobierno. Esa es una de las razones por las que MxT anuncia su apoyo a la propuesta, lo que, de entrada, despeja el camino al pacto de NC, PSOE y CCD, que para sacarlo adelante en el Pleno precisaban de dos votos más que hasta ahora no tenían confirmados. MxT le aporta cuatro. Y si cuajan las negociaciones con los ediles de Se Puede Ganar, serían dos más.
Artiles solo pone una condición y es que «siempre se cuente con el consenso de las personas y familias afectadas», pero este trámite se supondría saldado en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es el órgano al que se le ha remitido previamente el plan de pagos, le dé su visto bueno. El pacto ha dicho que no lo llevará a Pleno si el TSJCno se lo acepta.
Así las cosas, la alcaldesa Carmen Hernández tiene el sí del que fuera su socio de gobierno, pero no se lo brinda gratis. Artiles le recuerda, sin nombrar a nadie, que buena parte de la política que ha dado lugar a esa deuda y a este plan de pagos ha sido generada por gestores públicos anteriores, algunos de los cuales comparten siglas con los partidos en el gobierno, de ahí que también aproveche para exigir al tripartito «que depure cualquier tipo de responsabilidad». Afirma que «los vecinos no pueden, ni deben, seguir pagando los desmanes de políticos irresponsables como los ha habido hasta hoy».
Artiles advierte a Hernández de que su decisión de elevar este plan al Pleno «no es una deferencia» suya con la oposición, sino «que es de obligado cumplimiento» para dar «seguridad jurídica» al expediente. En ese sentido, no comparte, como dice la alcaldesa, que no aprobarlo sea un «fracaso», sino «un delito», porque las sentencias hay que cumplirlas.
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