En marzo de 2018, el Cabildo de Gran Canaria patrocinó unas jornadas de Salud Ambiental que desataron una fuerte polémica. Seguro que se acuerdan. Una de las ponentes aseguró en aquel foro que «la expansión de la epidemia de autismo se debe al incremento de las microondas provenientes de los móviles y el wifi», y que «el futuro de nuestra humanidad y nuestra infancia está en grave peligro, incluso existe un riesgo de extinción de nuestra civilización».
La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar: El Colegio de Médicos de Las Palmas puso el grito en el cielo manifestando su absoluto rechazo, y llamó a las instituciones públicas a “que no den visibilidad a pseudociencias, pues alarman a la población de forma innecesaria”. Lo mismo hicieron otras muchas asociaciones y voces autorizadas de la comunidad científica, pues “lanzar este tipo de afirmaciones es perjudicial y aumenta los falsos mitos del autismo”.
Desde el Grupo Popular denunciamos igualmente tamaño disparate, pues si ya es grave que desde el Cabildo se difundan bulos sin ninguna evidencia científica y con un claro sesgo ideológico, peor aún es que se persista en el error y se sigan respaldando teorías alarmistas que han sido rechazadas con contundencia por la Ciencia.
De forma inexplicable, el gobierno insular, en vez de pedir disculpas, salió en defensa de la supuesta especialista y aseguró en su descargo que «las opiniones de esta profesional, que tiene un amplio currículum, son tan respetables como otras»
Pues algo parecido, o incluso más grave, ha vuelto a suceder ahora. Esta vez en relación con la pandemia del Covid19 y la compra de material sanitario por parte del gobierno insular que preside Antonio Morales.
Como sabrán, el pasado 17 de abril el Cabildo anunció a través de un comunicado que había dado “el primer impulso a la creación de una industria textil en Gran Canaria con la adquisición de 20.000 mascarillas higiénicas confeccionadas con un tejido que protege contra el coronavirus más de lo exigido (sic)”, del que afirman que han adquirido la exclusividad en Europa para su fabricación en Gran Canaria. “Esta primera compra tiene como destino los centros sociosanitarios del Cabildo, para lo que ha destinado 120.000 euros”, decían.
Con este encargo a dedo, el incremento de personal “podría llegar hasta 100 personas en dos fábricas trabajando en cadena, que podrían realizar hasta 90.000 mascarillas al mes, e incluso a los 1.000 trabajadores en 20 fábricas para hacer hasta 900.000 mascarillas mensuales y nutrir no solo las necesidades de la Institución Insular, sino también de empresas privadas y de la ciudadanía”. Vamos, poco menos, que de la noche a la mañana íbamos a convertir Gran Canaria en el mayor productor textil del mundo. Si esto no es el cuento de la lechera, debe ser alguna adaptación de Antoñita la Fantástica haciéndonos creer que él solito va a salvar al mundo entero desde el patio de su casa.
Pero la sorpresa fue aún mayor cuando, a través de la prensa, conocimos que existía un informe previo del Servicio de Formación y Prevención del Cabildo, fechado el 15 de abril, en el que alertaba de que estas mascarillas, adquiridas a un precio de 6 euros cada unidad no eran aptas para los centros sociosanitarios del Cabildo (ni para trabajadores ni para usuarios) al ser mascarillas higiénicas (UNE 0064 pone en su descripción el vendedor) que además ADVIERTE de forma clara que “este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425”.
Es decir, se trata de mascarillas higiénicas, no sanitarias. Pero el informe había sido maliciosamente ocultado a la ciudadanía para no dejar al descubierto una vez más las mentiras y engaños de Morales.
Pero la cosa fue aún más lejos, pues pocos después nos enteramos también por la prensa que justo un día antes de anunciar Morales la compra de 20.000 prendas a la firma radicada en el Sureste grancanario, el Instituto de Atención Sociosanitaria, organismo dependiente del Cabildo Insular, ya había adquirido otras 63.400 mascarillas -éstas sí homologadas- para cubrir a la totalidad del personal de los centros por un importe de 78.620 euros.
En concreto, el Cabildo compró 50.000 unidades de mascarilla facial quirúrgica por 34.500 euros; 10.000 unidades de mascarilla de protección cónica por 29.500 euros; y 3400 mascarillas FFP2 por 14.620 euros, todas ellas aptas para uso sanitario.
Entonces, ¿por qué se concedieron a dedo 120.000 euros a una empresa que se dedica a la alta costura y mintiendo peligrosamente a la ciudadanía sobre el nivel de protección de estas mascarillas? Morales debe explicarlo de forma clara y urgente. Ya que lo único que consta como oferta por parte del vendedor es una factura proforma fechada el día 13/04/2020, no existiendo a día de hoy ningún contrato que vincule tal adjudicación.
El asunto tiene muy mala pinta y huele bastante mal. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que esta empresa tenga su domicilio social en Ingenio y que se fabricarán en una nave del polígono de Arinaga, en el municipio de Agüimes? También tendrá que aclararlo Morales porque con el dinero público y la salud de los ciudadanos no se juega, y menos en la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo.
Pero poco o nada podemos esperar de quien negó mil veces que hubiera engañado a varios ancianos de la Residencia de Mayores de Agüimes cobrándoles miserablemente mucho más dinero que el que debían pagar al tener subvencionada su plaza por la Ley de Dependencia. De quien aprovechó un consejo de gobierno extraordinario y urgente, celebrado a hurtadillas un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, para aprobar la compra por 4,1 millones de euros de unos terrenos rústicos en Amurga. Algunos se siguen creyendo que están por encima del bien y del mal, pero, por fortuna, la gente de Gran Canaria no es boba y ya lo tiene calado.
En conclusión, toda esta historia podría parecer una broma si no fuera porque nos encontramos en medio de una grave pandemia que ya se ha cobrado demasiadas vidas, y que requiere menos propaganda política y más responsabilidad y sentido común. Aunque quizás esto sea mucho pedir para alguien que ha demostrado en demasiadas ocasiones cuáles son sus verdaderas prioridades.
Marco Aurelio Pérez, consejero del Cabildo de Gran Canaria (AV-PP)
