A mediados de septiembre de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy anunció la condonación definitiva del Impuesto General de Tráfico de Empresas (ITE), un tributo que desapareció en 1993 con la entrada en vigor del IGIC pero por el que la Comunidad Autónoma de Canarias compensaba cada año a la Administración General Estado.
Con el acuerdo para la exención de este pago anual a las arcas del Estado, el Gobierno de España daba respuesta a una reivindicación histórica de Canarias, liberando en torno a 160 millones de euros al año –lo que supone una cuantía de 1.600 millones de euros en 10 años- al no tener ya que compensar al Estado por el extinto ITE. Una decisión política de enorme relevancia que, además de demostrar la sensibilidad del presidente Rajoy con las Islas, nos colocaba a los canarios, por primera vez, por encima de la media de inversión por habitante en el conjunto de España.
Lo que sin duda era una gran noticia para el Archipiélago, se ha convertido con el paso de los meses en una auténtica pesadilla, una pelea de tribus, un lío monumental y una bronca política que, lamentablemente, ha desembocado en un triste enfrentamiento entre administraciones e instituciones públicas del Archipiélago, generando división entre los canarios y reavivando pleitos más propios de otras épocas.
Este follón tiene su origen en la decisión del Gobierno de Canarias, después de un año mareando a Cabildos y Ayuntamientos, de distribuir estos recursos -englobados en el denominado Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)- bajo criterios profundamente injustos, insolidarios y propios del clientelismo (ese gran mal de los distintos nacionalismos), basados más en el territorio que en la población, y que nada tienen que ver con un proyecto de futuro para el desarrollo económico, la creación de empleo o el apuntalamiento de las políticas sociales para el conjunto de los canarios.
En virtud de ese criterio de la triple paridad, en vez del poblacional, salen muy perjudicados los habitantes de Gran Canaria y de Tenerife, ya que estas islas recibirán mucho menos dinero por habitante. Aunque ese reparto ha sido aceptado por el Cabildo de Tenerife, que ha sido compensado con el cierre del Anillo Insular, mientras que a Gran Canaria se la vuelve a castigar sin financiación para la segunda fase de la carretera de La Aldea (El Risco-Agaete).
Llegados a este punto es bueno, no obstante, recodar las posiciones defendidas a lo largo de este año por las distintas fuerzas políticas, y los bandazos que con más o menos disimulo han ido dando algunas de ellas en relación a la distribución de estos fondos.
En el caso del PP, desde un primer momento nos hemos mantenido firmes en la misma posición política, es decir, reclamando una distribución equitativa de los recursos bajo los criterios más próximos a los establecidos en el marco del REF -que contribuyan a reforzar la cohesión social y territorial del Archipiélago- y rechazando de plano la fórmula de la triple paridad.
Así lo expresamos apenas un mes después del anuncio del Gobierno de la Nación en una moción elevada al Pleno del Cabildo de Gran Canaria en octubre de 2015, en la que proponíamos dos acuerdos fundamentales: 1.- Rechazar cualquier tipo de reparto que se haga en Canarias en virtud de los criterios de la triple paridad. 2.- Solicitar que los fondos del ITE cedidos por el Gobierno de la Nación a Canarias se repartan entre las Islas siguiendo criterios poblacionales y atendiendo al número de parados y a la población en situación o riesgo de exclusión social.
En cambio, otros grupos políticos como Nueva Canarias, PSOE o Podemos casi pusieron más empeño en cuestionar que el dinero liberado por el Gobierno de España fuese a llegar finalmente a las arcas de Canarias que a fijar una posición unánime sobre el sistema de reparto.
“¿Quién puede afirmar aquí que van a venir esos recursos del ITE a Canarias, si eso está consignado en estos momentos como un ingreso en los Presupuestos Generales del Estado y no como un ingreso en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y no existe ninguna Ley, ninguna decisión del Gobierno Central cediendo los recursos? No existe absolutamente nada. (…) Es decir, estamos ante un debate sobre un asunto virtual y, además, con unas elecciones generales por medio dentro de un mes y pico, elecciones donde esto puede ser una realidad o no, con el antecedente de que quien garantiza esto por parte del Gobierno Central es nada más y nada menos que el señor Montoro. Es decir, que si la fiabilidad para el cumplimiento es la palabra del señor Montoro, arreglados estamos. (…) Lo mismo estamos discutiendo agua de borrajas, es decir, nada”, afirmaba el portavoz de NC, Carmelo Ramírez.
“Es indiscutible que es una promesa porque no está contemplado en ningún lugar. Lo que es incuestionable es que en estos momentos no tiene ningún rigor presupuestario que eso venga a Canarias; y sobre algo que no tenemos, que es la seguridad presupuestaria de que esos fondos no van para Madrid sino que se quedan en Canarias, se comete el error de hacer un planteamiento de reparto. (…) Por lo tanto, nos hemos puesto a discutir y estamos discutiendo sobre algo que es, como decían los diputados al día siguiente de esa reunión, en apariencia, humo”, decía el portavoz del PSOE, Ángel Víctor Torres.
“Tiene razón el portavoz del Grupo Popular, es un momento histórico, es probablemente una de las páginas más penosas de la política canaria en los últimos años; no hay cesión del ITE, no hay ningún documento, sólo hay un apunte contable como ingreso en los Presupuestos Generales del Estado y el Gobierno Central se sigue reservando la entrada de ese dinero”, añadía el portavoz de Podemos, Miguel Montero.
En definitiva, ha sido el PP el que ha hecho posible que después de más de dos décadas de reivindicación esos 1.600 millones de euros lleguen a Canarias en los próximos diez años, y ha sido el PP el que desde el minuto uno ha mantenido una posición coherente a favor de un reparto justo, equitativo y solidario entre todas las Islas de los fondos procedentes del extinto ITE.
Una posición que como portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria también manifesté en un artículo de opinión que publiqué en la prensa local en noviembre del pasado año, y que de forma muy gráfica titulé ‘El ITE y la parida de la triple paridad’. Y la firmeza de nuestro planteamiento político en relación a este asunto volvió a quedar patente este viernes en un Pleno extraordinario de la Corporación insular al apoyar la moción contra el reparto con criterios de la triple paridad del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) por parte del Gobierno de Canarias.
El resto de formaciones políticas, sin embargo, no creo que pueden decir lo mismo cuando, por razones puramente partidistas, desde un principio hicieron más esfuerzos en restar valor a una decisión histórica del Gobierno de España que en buscar el necesario consenso a la hora de establecer los criterios de reparto.
Una vez más se ha evidenciado que 34 años después de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias nuestra región sigue sin ser un proyecto común de todos los canarios, de 2,1 millones de habitantes. Todo lo contrario. Una fantástica noticia, la llegada de 1.600 millones de euros, ha generado una pelea de grillos que constata la falta un proyecto colectivo para todo el Archipiélago, al margen de siglas políticas y de islas de residencia.
Además, ni siquiera se puede decir que sea una pelea por 160 millones de euros, sino por algo más de 30 millones, que es lo que variaría el reparto para las dos islas capitalinas en función de los criterios aplicados. Todo esto, no hay que olvidarlo, sobre sobre un total de 7.300 millones de euros que es el presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma, a los que el próximo año se puede sumar otros 400 millones más. Según los datos aportados por el Cabildo de Gran Canaria, nuestra Isla tendría 14.4 millones de euros más al año, mientras que Tenerife aumentaría en 16,5 millones cada año si en vez de los parámetros de la triple paridad se utilizarán los criterios del REF, donde la población pesa un 87,5% del total.
Por lo tanto, si existiera buena voluntad por parte de unos y otros sería fácil encontrar una solución en el total del Presupuesto. En primer lugar porque, si se quiere, entre criterios maximalistas siempre hay lugares para el encuentro y, en segundo término, porque el presidente del Cabildo de Tenerife parece más preocupado por otros asuntos que por estos fondos.
Mucho me temo que si no se ha llegado a un acuerdo es más por una «pelea de aspirantes a gallos» entre políticos con ansias de mandar mucho, especialmente en el espacio nacionalista.
Aunque, como he explicado anteriormente, el Grupo Popular ha dicho desde el principio que la fórmula propuesta por el Gobierno de Canarias es profundamente injusta y anacrónica, y desde un primer momento hemos brindado un apoyo casi sin precedentes a las reivindicaciones del Cabildo de Gran Canaria, eso no quita que también podamos criticar el fracaso de Antonio Morales por su falta de astucia política y por desperdiciar el gran activo de la unidad política a la hora de negociar un reparto más solidario y beneficioso para nuestra Isla. Un hecho que no es novedoso, pues no es la primera vez que Gran Canaria se queda aislada, arrinconada y sale derrotada 6-1 de las reuniones de las siete islas, a alguna de las cuales ni siquiera asistió el Cabildo de Gran Canaria o decidió enviar una representación de bajo perfil institucional.
Morales tiene la piel muy fina y, tanto en éste como en otros muchos asuntos, es incapaz de encajar la crítica cuando se discrepa democráticamente de sus planteamientos políticos, hasta el punto de acusarte de alta traición si no comulgas con sus ruedas de molino. Eso de ‘estás conmigo o contra mí’ es más propio de otros regímenes que de un gobierno insular del siglo XXI. Pero por mucho que le moleste seguiremos defendiendo sin complejos todo aquello que consideremos conveniente para el interés de los grancanarios.
Hemos ofrecido nuestra generosa unidad como no ha hecho jamás ninguna oposición en nuestra Isla. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque es de justicia y, pero al mismo tiempo, reclamamos una estrategia más inteligente para que Gran Canaria salga del aislamiento. Perder 6 a 1 en cada reunión de las 7 islas sólo lleva al fracaso permanente.
En resumen, los que ahora se rasgan las vestiduras son los mismos que hace unos meses dijeron que el ITE era un cuento chino, un bluf que el PP utilizaba para hacer campaña electoral. Una vez que el dinero ha llegado a las Islas, muchos han quedado retratados.
Y en este escenario, el PP seguirá defendiendo con valentía, coherencia, sentido común, altura de miras y visión de conjunto la cohesión social y territorial del Archipiélago, así como la imprescindible solidaridad entre todos los canarios independientemente de la isla en la que residan.
Felipe Afonso El Jaber, Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria
