Finalmente, en el Parlamento de Canarias, se impuso la minoría frente a la mayoría. Se impuso la voluntad de los mismos sectores empresariales que apoyaron al petróleo frente a la voluntad de la mayoría de la sociedad y las instituciones canarias. Se prefirió favorecer a los intereses especulativos aunque ello conlleve romper la cohesión social, territorial y económica del archipiélago. En definitiva, se ha roto el proyecto común de Canarias…
La fecha del 21 de Junio de 2017 podrá ser recordada como el día en que se aprobó la Ley más perjudicial para el modelo de desarrollo de Canarias. El día en que una minoría interesada formada por Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomeracometió un auténtico «atropello democrático» al aprobar una Ley de tanto calado, que afecta sobremanera al presente y futuro de esta tierra nuestra, sin contar con la participación ciudadana, la participación de TODOS los sectores implicados, sin consenso, sin un diagnóstico compartido y de manera arbitraria…
Una Ley que se aprueba bajo amenaza social de acabar ante el Tribunal Constitucional no puede acabar nada bien. Una Ley que entró en el Parlamento con 48 votos a favor y finalmente se aprueba con solo 33…
Ya la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible y los partidos PSOE, Podemos y Nueva Canarias han anunciado una «lucha sin cuartel» contra la Ley del Suelo aprobada en contra de la mayoría de los canarios y de sus principales instituciones…
Si bien CC, PP y ASG tienen 33 escaños en el Parlamento Canario frente a los 27 de la oposición, hay que recordar que realmente cuentan con 69.000 votos menos (cosas de la injusta Ley Electoral que padecemos). Además la Ley del Suelo cuenta con la negativa de, además de los partidos Nueva Canarias, PSOE y Podemos, la de la citada Plataforma Canaria por un Desarrollo Sostenible integrada por numerosas asociaciones sociales, culturales, como la Fundación César Manrique, organizaciones ecologistas, representantes de sindicatos, profesionales de diversos sectores y personalidades canarias como, además de Román Rodríguez, Antonio González Vieitez, Faustino García Márquez, Fernando Ríos Rull, Tomás Padrón e, incluso, el que fuera anterior Presidente de Canarias (y de Coalición Canaria), Paulino Rivero…
Pero, ¿Cuáles son las claves que movilizan tantas reacciones contrarias a esta Ley nefasta? Realmente demasiadas: si bien tiene algunos elementos positivos, como la unificación de las normas previas y la agilización en los trámites o las compensaciones por conservar, podemos citar en contra el aumento de la desregulación, el facilitar la especulación y el desarrollismo, el abandono del proyecto común de Canarias al derogar la mayoría de las directrices generales de ordenación y renunciar a las competencias del Gobierno (prácticamente se han cargado la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias :COTMAC), dejando las decisiones en manos de los ayuntamientos, que se convertirán en auténticos reinos de taifas, donde cada uno resolverá a su conveniencia (más de uno se estará frotando las manos)…
Se crearán 95 órganos ambientales (88 ayuntamientos más 7 cabildos) para «suplir» la labor que hacía la COTMAC. ¿Alguien duda que eso creará inseguridad jurídica y debilitará el interés general?…
El territorio, el medio natural, los recursos (el futuro, en suma) estarán subordinados a intereses económicos. Se abandona el urbanismo de planeamiento, sustituyéndose por el urbanismo de proyecto. No se garantiza, por mucho que digan lo contrario, la protección del suelo agrícola, ya que dan flexibilidad a la autorización de «usos complementarios turísticos», abriendo la puerta a la especulación sobre los terrenos rústicos, tanto en explotaciones agrícolas como ganaderas…
Esta Ley del Suelo claramente introduce discrecionalidad, fraccionamiento, debilidad y «puertas traseras» en el planeamiento. ¿Qué pasará ahora con el Oasis de Maspalomas, Tindaya, los Sebadales y tantos espacios necesitados de máxima protección en Canarias? ¿Quedarán al «antojo» del Concejal de Urbanismo de turno? Nada en contra de la labor de los ayuntamientos, verdaderos órganos de primer contacto con la Democracia para el ciudadano, pero en materias tan delicadas como el planeamiento, hemos tenido demasiados ejemplos en el pasado como para no tener claro que la corrección es mejor si existen controles de órganos superiores. Que no todo el mundo que accede a un cargo lo hace por auténtica vocación de servicio, como sería lo correcto…
Esperemos que esta Ley del Suelo, nacida sin consenso y elaborada por juristas en un despacho y que apuesta claramente por un uso intensivo del territorio al servicio de la especulación, tenga un corto recorrido y muera pronto. Nos va nuestro futuro y el de nuestros hijos en ello…
Ángel Rivero García
