La Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido permitir a la juez que siga adelante con la petición de comisiones rogatorias para esclarecer el ‘caso Kokorev’, las pesquisas seguidas desde hace ya 15 años contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en Canarias, aunque ahora se investiga al empresario jubilado hispano-ruso Vladimir Kokorev por hechos que nada tienen que ver con la instrucción inicial y sus contratos con Guinea Ecuatorial.
En una instrucción que va camino de batir todos los récords, y tras haber sido archivada en dos ocasiones la AP de Las Palmas señala que quedan diligencias pendientes de practicar para ir al fondo del supuesto lavado de veinte millones de euros, y que esas averiguaciones deben hacerse fuera del territorio español lo que significa, según los magistrados, “un irremediable retrso en la investigación”.
Sorprendentemente, y con Vladimir y su esposa Julia con la prohibición de salir de la isla de Gran Canaria, la justicia ha sido incapaz de hacer comparecer al testigo principal del caso, Ismael Gerli, un ex abogado de la familia Kokorev que, actuando presumiblemente en venganza tras ser despedido, entregó material presuntamente adulterado a la policía canaria.
A pesar de que pericias independientes han acreditado la manipulación de parte del material incautado al empresario, que tiene que salir puntualmente de las islas para visitar a un cardiólogo en Madrid, la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río han entendido hasta ahora que la fiabilidad y credibilidad, incluso la autenticidad de ese material, se tendrá que ventilar durante el juicio.
De manera genérica, la AP de Las Palmas hace alusión a “la ingente documental, los distintos informes periciales y de la Agencia Tributaria y las testificales practicadas”, que a tenor de los investigadores, “ponen de manifiesto serios indicios de la labor de blanqueo de capitales (…) derivados de delitos de malversación de causales públicos” que habrían salido inicialmente de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial. Ello, a pesar de que hace ya dos años las defensas de los Kokorev aportaron los contratos que soportan unos ingresos en base a trabajos de compra-venta de barcos y bienes de equipo, tareas de mantenimiento y reparación.
La reparación de los daños personales y económicos, en Europa
La Audiencia Provincial considera, por tanto, que es prematuro “sobreseer las actuaciones”, que han despertado a la opinión pública más allá de Canarias y de España hasta el punto de que antes del verano se ha anunciado el estreno de un reportaje en el que se retrataría la violación de los derechos humanos que han padecido Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor, que pasaron más de dos años preventivamente en la cárcel de Juan Grande.
El abogado en Europa de Vladimir Korev, Scott Crosby, ha señalado que se reclamarán responsabilidades por “la prolongación de la prisión preventiva antes del juicio y las órdenes de detención sin unas acusaciones o cargos directos”. Ha añadido que Kokorev “ha estado en prisión preventiva durante más de dos años sin ser acusado en concreto, y eso apunta a una violación de derechos humanos”; y ha concluido que el “destrozo en la vida de la familia” está significando “un castigo sin juicio”.
Redacción Onda Guanche
