Imagine por un momento que usted debe someterse a una intervención quirúrgica y que para ahorrarle la angustiosa lista de espera es derivado a una clínica privada a la que el Servicio Canario de la Salud le abona luego el coste de la operación. Imagine que después la gerencia de ese hospital también le obliga a usted a pagar el mismo servicio. Un doble cobro, un fraude en toda regla, una estafa de libro, concluiría cualquier persona con un mínimo de sentido común.
Pues algo bastante parecido es lo que ha venido ocurriendo en el escandaloso asunto de los cobros irregulares a más de una docena de usuarios, en su mayoría dependientes severos con escasos recursos, de la Residencia de Mayores de Agüimes. En este caso, el Cabildo abonaba al Ayuntamiento el importe íntegro de las plazas financiadas -muy por encima de las ordenanzas municipales- con cargo al convenio de Dependencia, pero de forma arbitraria y abusiva el Consistorio les cobraba también a los ancianos como si el Cabildo no le pagara ya por su plaza. Un negocio redondo, en definitiva, a costa de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Para intentar tapar sus vergüenzas y como burda excusa, el Ayuntamiento de Agüimes viene esgrimiendo ante la opinión pública una sentencia judicial que nada tiene que ver con este asunto, pues hace referencia a un período anterior, cuando las plazas de estos usuarios ahora engañados no estaban incluidas en el Convenio de Dependencia y no se producían, por tanto, los pagos al Consistorio por parte del Cabildo.
Esta práctica caciquil instaurada por el Ayuntamiento de Agüimes en la etapa en que Antonio Morales, actual presidente del Cabildo, era alcalde del municipio, continuó con el actual regidor (alumno aventajado del anterior) pese a las numerosas denuncias de los usuarios que, según su propio relato, en no pocas ocasiones eran despachadas por parte de algunas autoridades municipales con displicencia y arrogancia, intentado amedrentar a los ancianos.
Para hacernos una idea de la cantidad que ha podido ingresar el Ayuntamiento de Agüimes gracias a esta práctica, desde 2014 los usuarios eran obligados -incluso bajo la amenaza de quitarles su plaza- a pagar una cantidad fija al mes de 1.200 euros, cuando la normativa vigente fijaba su tarifa en 232 ó 239 euros de copago según el número de días de cada mes.
Al final, el Cabildo transfería alrededor de 2.000 euros al mes y el particular otros 1.200. En total, unos 3.200 euros cada mes, mientras el Ayuntamiento de Agüimes pagaba a la entidad gestora de la Residencia unos 950 euros mensuales.
Con un cálculo rápido podríamos cifrar en muchos miles de euros los ingresos obtenidos mediante este sistema por el Consistorio, que más pronto que tarde tendrá que dar explicaciones ante los ciudadanos sobre la ilegalidad de estos cobros y el destino final del dinero recaudado irregularmente.
Hartos de tanto ninguneo, y plenamente convencidos de que les asistía la razón, los afectados decidieron sacar su caso a la luz pública y ponerlo en conocimiento del Gobierno de Canarias que, tras investigar los hechos, ya en julio de este año concluye de manera contundente que “en ningún caso puede el Ayuntamiento de Agüimes obligar a ningún usuario a realizar una aportación superior a la prevista legalmente”.
Además, la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno autónomo determina que, “con carácter inminente, se deje de cobrar a los usuarios las cantidades que no les corresponda y se proceda a tramitar los expedientes de reintegro procedentes por aquellas cantidades que hayan sido indebidamente abonadas por los usuarios”.
Blanco y en botella. Pero a pesar de la gravedad de los hechos y las múltiples evidencias de mala práctica continuada, a día de hoy el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, se sigue negando en rotundo a reintegrar a los usuarios afectados el dinero cobrado de más.
Para mayor bochorno, los ancianos estafados han tenido que aguantar manifestaciones lamentables tanto de Antonio Morales, que reduce el escándalo a “un simple error administrativo”, como del propio alcalde del municipio, quien al trascender los hechos llegó a afirmar que: “Si no están de acuerdo en pagar la tarifa, que lleven a su pariente a un centro privado, a ver cuánto le cobran”. Indignante.
Pese a todo ello, no parece que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria estén poniendo mucho empeño en resolver la angustiosa situación de estas personas, muchas de las cuales han tenido incluso que vender propiedades familiares para poder pagar una plaza que tenían subvencionada por ley. Hasta el punto de que los reiterados requerimientos de la consejera de Política Social del Cabildo al Ayuntamiento de Agüimes han sido cuestionados por el propio presidente de la Corporación, erigido en juez y parte.
Queda meridianamente claro que algunos de los que ahora se arrogan una pretendida supremacía moral y se erigen en paladines contra la injusticia social, no han tenido escrúpulos a la hora de hacer negocio con la dependencia imponiendo cobros a todas luces irregulares a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.
Y son esos mismos los que ahora están más preocupados en proteger la imagen política del inspirador de esta práctica que en devolver el dinero a todos esos ancianos que han sido víctimas de este atropello.
Felipe Afonso El Jaber, Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria
