Primera andanada antes de sentarse en sus puestos en el salón de actos de las Casas Consistoriales para la celebración del pleno ordinario de febrero. La iniciativa política hizo una parada en el Registro General, donde los 17 concejales de la oposición, mayoría en el Ayuntamiento, presentaron un escrito para solicitar un informe jurídico sobre la situación generada por la falta del seguro de responsabilidad civil obligatorio de los vehículos municipales y las posibles consecuencias de este hecho.
Un preámbulo de lo que se barruntaba podría ser un dolor de cabeza para Juan Martel, concejal de Parque Móvil y Tráfico, áreas que suelen pasan desapercibidas cada mes, pero que en esta semana le han dado un protagonismo, no solo no buscado, sino para pasar. Era, en resumen, el pleno de Martel.
Toda la oposición reclama un informe jurídico independiente sobre la situación creada «en relación a los vehículos del parque móvil municipal que han estado circulando sin el seguro obligatorio y las consecuencias que esto hubiese acarreado». Este informe, que se solicita a la Secretaría General del Ayuntamiento, según la legislación, debería entregarse el próximo 13 de marzo, ya que son 10 días hábiles el plazo máximo para atender este tipo de demanda. Los ediles, que firman por primera vez en el mandato una iniciativa conjunta, tachan de grave lo acontecido y critican la poca voluntad de «transparentar lo sucedido y de informar mostrada por la alcaldesa, Carmen Hernández, y del concejal responsable del área, Juan Martel».
En su escrito exponen que «nuevamente, su principal institución, el Ayuntamiento, es noticia de forma negativa y perjudicial en todos los medios de comunicación y ante la alarma social que esta situación ha generado, a fin de clarificar la situación legal, tanto de todos los vehículos municipales como de este ayuntamiento como propietario de los mismos», por lo que solicitan que «a la mayor brevedad posible y dentro del plazo máximo de 10 días a que se refiere la normativa citada, por parte de la Secretaría General se emita informe jurídico sobre la denunciada situación, sobre el alcance legal que supone tales incumplimientos, así como las responsabilidades que se pudieran derivar de todo ello».
El pleno se desarrolló con bastante tranquilidad hasta la lectura de la moción sobre la seguridad vial de Jinámar, que defendió Esther González, concejala del grupo de No Adscritos. En su intervención, en momentos con un tono emotivo, González describió un panorama de sufrimiento de los vecinos del Valle de Jinámar por la inseguridad viaria de sus calles, que han ocasionado incluso la muerte de una niña. La concejala instó al grupo de gobierno y a Juan Martel, titular de Tráfico, en particular, que hiciera caso a las demandas vecinales y adoptase las medidas necesarias para acabar con un drama diario con un plan específico para Jinámar.
El resto de grupos apoyó la moción presentada, aunque el PSOE introdujo una enmienda para que las medidas de seguridad vial se extienda a todo Telde, no solo para este barrio, que fue aceptada por la ponente. Martel mantuvo su compostura y argumentó criterios técnicos y legales para justificar su actuación, llegando incluso a decir que «ojalá pudiera colocar los badenes que piden, pero no es posible». A esta respuesta, Juan Antonio Peña, portavoz de Unidos por Gran Canaria, puso el momento esotérico, al recordarle al centrista que «entonces los que hay en las vías de Caserones y Tara son un fenómeno paranormal». Algunas risas, otra enmienda socialista para que se cree una mesa de trabajo con técnicos de Telde y Las Palmas para abordar esa divergencia de criterios existentes en Jinámar según en que raya esté la vía, también aceptada por Esther González, dieron carpetazo por unanimidad a este asunto.
Pero el pleno era de conducción y a tenor de las noticias sobre la carencia de seguro de los vehículos del parque móvil municipal, de conducción temeraria. Era la madre del cordero de la sesión y en su debate se trazó un recorrido sobre si hubo o no hubo peligro para las arcas municipales en caso de accidente. Dimes y diretes sobre el cumplimiento de la legalidad que Martel zanjó con una declaración de la aseguradora sobre que todos los vehículos tenían cobertura del seguro desde el 1 de enero.
Con el informe en la mano, se supone que el próximo 13 de marzo tendrá en su poder la oposición, se depurarán las responsabilidades. De momento, el corredor de seguros contratado ha sido despedido y la gestión vuelve a la persona que lo tenía en Telde.
Otros temas calentitos tuvieron que ver con el deporte. La marcha del Castro Morales, club emblemático de lucha canaria del municipio, que ante el mal estado de su terrero se ha ido a entrenar y luchar a Ingenio se convirtió en un debate algo tenso con la intervención del socialista Alejandro Ramos que resquemó a Diego Ojeda, edil de Deportes. Al final, todo quedó en unanimidad y un elogio y canto a las excelencias del deporte vernáculo por todos los partidos políticos, que abogaron por su defensa y práctica en el municipio.
El otro tema deportivo fue la aprobación inicial del reglamento del uso de las instalaciones deportivas, que tuvo en la intervención de Peña otro de los momentos del pleno. El edil de Unidos y nadador señaló el afán recaudatorio del reglamento y algunas de sus incongruencias, «como que no se puede ir con el torso descubierto en las instalaciones, entonces los nadadores», espetó, «qué hacen». Salió aldelante el punto.
La despedida de Natalia Santana emocionó a todo el pleno, con la voz quebrada y las lágrimas.
