“No querer hacer cambios en el Gobierno de Telde es de inmovilista”. La frase es de nuestra alcaldesa Carmen Hernández y la hemos leído esta mañana. Es una afirmación tan obvia como carente de enjundia intelectual.
Hernández se refiere a la postura de Alejandro Ramos de no ceder los servicios jurídicos, área que le correspondió al PSOE tras la firma del Pacto de Gobierno. ¿Por qué doña Carmen quiere ahora el control jurídico del Consistorio? Porque asuntos muy delicados, que pueden acarrear responsabilidad penal para la alcaldesa, le llegan a su despacho con poco margen para responderlos con garantías; desde Nueva Canarias no se culpa directamente a Ramos sino a los funcionarios (abogados) que gestionan el servicio. Este es la respuesta que ayer me contó un destacado dirigente de NC con despacho oficial.
¿Es cierta esa respuesta? Yo no voy a desmentirla, pero si es así la culpa a lo mejor está en el propio despacho de la Alcaldía. Lo que no cuenta Carmen cuando paliquea en off the record con los periodistas es que desde el primer día de la firma del pacto, una de los tres letrados en nómina del Ayuntamiento está directamente a su servicio.
Tampoco cuenta que ella tiene las claves informáticas para acceder a todos los expedientes que lleva el servicio. Entonces, ¿por qué Hernández quiere servicios jurídicos, un área que no da votos?
Quiere los servicios jurídicos porque lo que da, y mucho, es información. Información sobre todos los contratos que firma el Ayuntamiento, información sobre todos los acuerdos comerciales que ya se han firmado y van destinados a concejalías de NC (y ahora no toca dar detalles de las empresas). Y probablemente información sobre asuntos que se están gestionando y aún no se han consumado.
¿Estamos ante un caso de inmovilismo? No, rotundamente no. Estamos ante una operación para controlar información reservada. Y los contribuyentes de Telde no nos lo merecemos.
Luis Socorro, periodista de Antena3 TV y vecino de Telde
