Lamentaba hace años el sabio filósofo José Luis Sampedro que “Europa es ese jefe que nunca se pone al teléfono”. Y en parte tenía razón. Los tiempos han cambiado y, con ellos, lo han hecho las instituciones. Pero es evidente que durante demasiados años la burocracia comunitaria ha enterrado iniciativas de enorme interés, o proyectos, o de hecho quejas y denuncias… en definitiva, actos que tenían su razón de ser en el seno de un proyecto de libertades, cooperación y justicia, y que han terminado enterrados en un cajón, ahogados por la inoperancia.
Hoy la realidad es diferente. Hay voces, singulares o de grupos, que por su autenticidad, por las razones que arrastran… por mil causas, están siendo escuchadas, atendidas, amparadas en Bruselas y Estrasburgo. Una de ellas es la de un ciudadano con pasaporte español (Vladimir Kokorev) que sigue preso preventivo en Juan Grande (¡26 meses después!), a pesar de ser anciano y estar enfermo. Y a pesar de que sobre esa ‘estancia carcelaria’ que durante 24 meses ha compartido con su mujer Julia y su hijo Igor (siempre en módulos distintos por su ‘alta peligrosidad’) cae un chaparrón de preguntas que están residenciadas precisamente en el Parlamento Europeo.
¿Por qué tras una investigación de diez años no se ve el horizonte de un juicio a quien dicen que ha ejercido de testaferro de Teodoro Obiang? ¿Por qué en una investigación por dos veces archivada en Madrid no hay fecha para el procesamiento? ¿Por qué hay eurodiputados que entienden que no hay indicios concretos y formales para justificar la acusación de blanqueo de capitales? ¿Por qué esos mismos eurodiputados contemplan que se ha dado y se sigue dando contra el empresario ya retirado un trato degradante, que es ejemplo de libro del abuso en España en la aplicación de la prisión preventiva?
¿Por qué hacen hincapié en que no había motivos para mantener el caso bajo un año y medio en secreto de sumario? ¿Por qué piden que se exploren los signos de ilegalidades/irregularidades en la instrucción policial? ¿A qué se debe la insensibilidad manifiesta de las autoridades judiciales ante el penoso estado de salud de Vladimir Kokorev? Y, algo crucial: ¿no parece lógico que Europa muestre su pleno convencimiento de que algo no se está haciendo bien en el juzgado de instrucción nº5 cuya titular es la magistrada Ana Isabel de Vega cuando se sigue sin permitir a las defensas de esta familia el acceso al material que les fue incautado en su domicilio, y ello a pesar de que lo ha ordenado la Audiencia Provincial de Las Palmas?
“Algo huele mal en Dinamarca”. La frase apareció en ‘Hamlet, el drama trágico escrito por el célebre William Shakespeare en 1601. Hoy, aquella intuición se rescata en Estrasburgo, donde este próximo 15 de noviembre europarlamentarios varios, diplomáticos, notarios y expertos en derechos humanos de diferentes países se preguntarán mirando a las maravillosas Islas Canarias. Y buscarán respuestas.
Por ejemplo, ¿por qué en la historia de la justicia insular no se había conocido el precedente de mantener a una madre y un hijo, Julia e Igor, la prohibición de “abandonar la isla”, en una suerte de arresto domiciliario extravagante que nos aproxima más a la administración de justicia en regímenes de latitudes caribeñas que a la que debe exigir y exige esa Casa Común de todos llamada Europa? ¿Por qué?
Alfonso Merlos, periodista y doctor en derecho
