Ya se encuentra próxima la convocatoria a elecciones para las Cortes generales de España. A punto de cumplirse los cuatro años de legislatura, vuelve a crearse la ocasión de que cada ciudadana y ciudadano adulto de este estado se pronuncie, votando, sobre lo hecho y sobre lo que querría que se hiciera.
Desde las últimas elecciones europeas, el suelo ha empezado a moverse bajo los pies de la hegemonía bipartidista del PSOE-PP. Tras décadas de tener casi monopolizado todo el poder político en las distintas administraciones, las cúpulas de estas formaciones partidarias asisten, con auténtica preocupación, a un creciente cambio de tendencia en las votaciones.
En las pasadas elecciones a las administraciones locales, la alternancia entre gobiernos “conservadores” y “progresistas” se fracturó. El significativo apoyo a la emergencia de nuevas propuestas políticas –unas partidistas, otras de amplia confluencia-, reinauguró la cultura de la negociación y el pacto para gobernar, volvió a poner en evidencia -a despecho de circunscripciones electorales y de mecanismos de asignación de escaños- que la pluralidad es lo propio en sociedades democratizadas.
La cuestión va mucho más allá de gustos: la pretendida conveniencia de la bipolarización ideológica en torno al centro, el injustificado fomento del partidismo como principal agente de expresión política y la interesada promoción del “voto útil”, primero, y de la “disciplina de voto”, después, son origen del desencanto y la desafección democrática de la ciudadanía, del desapego y la irresponsabilidad de los representantes políticos y de la institucionalización de sus indeseables efectos, la corrupción política y la burocratización administrativa.
Como nunca antes, desde que se inició la Transición Democrática, la sociedad española en conjunto, no solo está a la intemperie de no poder eludir la precariedad material por haber sido despojada de las oportunidades económicas básicas, también afronta la mayor vulneración de sus derechos fundamentales y la generalizada indefensión ante los incumplimientos cotidianos administrativos. Algunos analistas hablan ya de “Neofranquismo”. Desde luego, el tener un nivel de vida bajo y empleos indignos, el que no se respeten los Derechos Humanos y el que el funcionariado se limite a sostener el sistema no se corresponde con un orden, constitucionalmente social, democrático y de derecho.
En las elecciones generales que se avecinan hay mucho más que atender que a la mera renovación de las y los representantes políticos de la ciudadanía en la Administración Central. Ni social, ni política, ni económicamente las cosas van bien. Concluye un ejercicio de gobierno caracterizado por la legalización de la fractura socioeconómica a golpe de decretos y por la sumisión de la función pública a esas prácticas. Por ello, y tras décadas de deterioro institucional, urge la regeneración del propio Estado y de su cuerpo administrativo.
Porque, si los diferentes niveles gubernamentales continúan ejerciendo sin sentido democrático y sin las miras puestas en el interés general, si las distintas administraciones continúan actuando sin subordinarse al derecho y a la defensa del servicio público, nos espera más de lo mismo: oligarquía y burocracia.
Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social
