La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un decreto, firmado por el letrado de la Administración de Justicia, en el que declara que ya es firme la sentencia que el 24 de mayo de 2017 dio por ejecutada otra anterior, la que había anulado el pleno de mayo del 2012 en el que el gobierno de entonces, formado por PP, Ciuca y CC, aprobó pedir un crédito de 65 millones de euros avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar a proveedores. Este decreto es del 1 de septiembre de 2017 y declara la firmeza después de que transcurridos los plazos, ninguna de las partes, tampoco los dos ediles denunciantes, los de Más por Telde en 2012, Juan Francisco Artiles y Rubén Rodríguez, recurrieran el fallo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, en una sentencia dictada el 15 de mayo de 2014, declaró la nulidad de la convocatoria de la sesión extraordinaria y urgente del pleno del 15 de mayo de 2012 y de los acuerdos en él adoptados. La magistrada Mercedes Martín dio la razón a Artiles y a Rodríguez, que denunciaron al entender que se vulneraron sus derechos pues no fueron convocados en tiempo y forma.
Para ejecutarla, el Ayuntamiento entendió que bastaba con ratificar los acuerdos de aquel pleno en otro posterior, como así hizo, mientras que los denunciantes sostenían que había que repetir la sesión anulada pero convocándola en tiempo y forma y respetando los derechos de todos los ediles. Recurrieron, pero el 24 de mayo de 2017 el TSJC les desestimó la apelación por su «absoluta imprecisión». No recurrieron más, y ahora ya es firme.
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