El Pleno de Telde aprobó por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada en la mañana de hoy la moción presentada por el grupo municipal Juntos por Telde (CC-CCD) en la que se insta al Gobierno de Canarias y de España a la mejora del acceso a la tramitación del ingreso mínimo vital.
La iniciativa fue defendida por el concejal portavoz del grupo, Juan Martel, quien agradeció a la Corporación la aprobación de este documento a través del cual se muestra al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el rechazo hacia la gestión que se está llevando a cabo para tramitar y acceder a la información sobre las solicitudes de prestaciones presentadas.
Además, en el documento se insta a la administración estatal a poner en marcha un sistema de comunicación con la ciudadanía que sea eficiente y ofrezca respuestas a la ciudadanía. De la misma manera, se insta al Gobierno de Canarias a que transmita al ministerio responsable de su gestión las carencias de Canarias en materia de pobreza y la necesidad de agilizar las solicitudes y flexibilizar las condiciones para el acceso al mismo.
Por último, la moción solicita a la Consejería de Derechos Sociales de la administración regional a continuar los trabajos para el desarrollo del catálogo de servicios y prestaciones de servicios sociales para su aprobación definitiva en este año 2021, continuar con el desarrollo normativo del reglamento regulador del concierto social, así como culminar el trámite de exposición pública actual para la aprobación del proyecto de ley de renta ciudadana para su aprobación en el Parlamento de Canarias.
Habiendo sido aprobada por el Gobierno de España en junio de 2020, a 16 de diciembre del pasado año se registraban en Canarias 87.267 solicitudes, de las que se habían resuelto 7.900 y de ellas 3.500 fueron favorables. De la misma manera, el acceso a la información de ésta se ve frenada con la línea de teléfono que se ha habilitado para ello, pues en su generalidad no se atienden esas llamadas.
Por esta razón, Juntos por Telde solicita la mejora de su gestión, pues “ésta se ha convertido en un laberinto sin salida en manos únicamente del Estado, en el que las administraciones más cercanas al ciudadano, como son las autonómicas y locales, tienen las manos atadas para atender a sus ciudadanos y dar respuesta a sus problemas”, asegura Martel.
Cabe recordar que los datos de pobreza en Canarias, según el informe AROPE 2020, indican que el 35% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2019, lo que en términos absolutos supone que 773.000 personas residentes en Canarias estaban en esa situación y sin prácticamente diferencias por sexo.
A ese contexto previo hay que sumar las consecuencias generadas por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. La emergencia provocada por la pandemia ha incrementado en 3.050, un 74,2%, los hogares en los que ha tenido intervenir Cáritas en la provincia de Las Palmas donde solo hasta mayo del pasado año, ya había atendido a 7.163 personas más de las que había atendido en 2019 en el primer semestre.
En datos generales, el porcentaje de trabajadores cuya renta ha caído por debajo de la línea de a pobreza ha aumentado del 25,6% al 36,2 en toda España al tiempo que el mayor porcentaje de pobreza y desigualdad se registra en Baleares y Canarias, un panorama que en los próximos meses podría agravarse con la finalización de los ERTE.
