Todo el trabajo desarrollado hasta ahora para sacar adelante el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), que ya ha rebasado el trámite de la aprobación inicial, pende de lo que dictamine un informe jurídico respecto a si se puede avanzar en el expediente pese a que no se ajuste del todo a la reciente Ley del Suelo.
El edil de Planeamiento, Agustín Arencibia, ha encargado el dictamen a un gabinete jurídico especializado. Busca un asesoramiento experto ante las dudas que genera entre los propios técnicos del Gobierno canario y los del Ayuntamiento. No hay unanimidad respecto a si el expediente, cuya aprobación inicial tuvo lugar en febrero de 2015, puede o no convivir con las disposiciones de la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor después, en septiembre de 2017, pero que es al fin y al cabo el marco normativo al que debe someterse todo plan municipal.
Si fuera desfavorable, el Ayuntamiento tendría que retrotraer el trabajo a la fase inicial. Habría que empezar de cero, según admitía ayer el edil de Planeamiento, Agustín Arencibia. La clave radica en la parte técnica del Plan General, que es donde se producen las mayores discrepancias respecto a las determinaciones que fija la Ley del Suelo. A modo de ejemplo, el documento del PGO en fase de tramitación usa una nomenclatura para las calificaciones de suelo que ha sido sustituida tras la entrada en vigor de la nueva normativa urbanística regional.
Aparte de este dictamen, que se antoja crucial para la continuidad del documento ya avanzado, Arencibia apuntó que están a la espera también de una reunión técnica con el Gobierno canario, aunque aclaró que tiene que ver con cuestiones salvables.
Canarias7
