El fiscal del ‘caso Faycán’ vuelve a rebajar las penas y nadie irá a la cárcel

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El fiscal del juicio por el caso Faycán, Luis del Río, volvió a aplicar ayer la atenuante de dilaciones indebidas y rebajó de forma sustancial su petición de pena para los ocho acusados que continúan en el proceso. Así, en el 12º aniversario de las primeras detenciones realizadas por esta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde -1 de marzo de 2006-, siete de los ocho encartados no irían a la cárcel, salvo José Luis Mena, ya en prisión por otras condenas, si los tres jueces dan por buena la propuesta del ministerio público.

La reducción de penas planteada por Del Río deja prácticamente a la mitad lo que había solicitado con anterioridad a los acusados al inicio del juicio por el caso Faycán. De hecho, de los 42 años en total que solicitaba para los investigados, se pasa a 14 años y tres meses y algo similar ocurre con las multas, donde la cuantía más elevada, los 640.000 euros reclamados a Francisco Valido es sensiblemente menor a los 1.274.441 millones pedidos en su primer escrito de la acusación pública.

Asimismo, destacan las penas de 12 y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público para el exalcalde en la etapa de los hechos investigados, Francisco Valido, y para María del Carmen Castellano, concejala de Desarrollo Local y presidenta del Partido Popular (PP) en esos años, respectivamente. Los funcionarios Juan Felipe Martín y Esteban Cabrera también afrontan nueve y seis años de inhabilitación, mientras que para el resto de los procesados la petición de cárcel oscila entre uno y dos años, además de multas de diversas cuantías.

La última sesión dedicada a los interrogatorios del fiscal y abogados de las defensas se saldó con una suerte de clase sobre derecho administrativo y urbanístico entre el ministerio público, José Luis Mena y Emilio Hernández a cuenta de la ya afamada pérgola -desmontable según los últimos y un cerramiento ilegal en opinión de Del Río- del ático de Francisco Gordillo. Todo un ejercicio de repaso sobre qué procedimiento se empleaba en aquellos años de la trama para conceder el certificado de final de obra, primera ocupación y cédulas de habitabilidad, además de la actualización de esa normativa.

Enrocados en sus posiciones, tanto el fiscal como los dos técnicos de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde en ese periodo, la repetición de las grabaciones donde Gordillo hablaba sobre los retrasos en la documentación centraron gran parte de las preguntas y respuestas. En los audios mencionaban el asesor de María Antonia Torres en la concejalía de Obras y sus interlocutores a Mena y Hernández, pero en ninguna de ellas son partícipes.

Los intentos de Luis del Río por demostrar que ambos técnicos habían cometido irregularidades en la tramitación de los expedientes del final de obra y cédulas de habitabilidad, chocaron con una defensas curtidas y eficaces tanto de Emilio Hernández como de José Luis Mena. Ambos, de hecho, expusieron con normativas de esos años y su posterior actualización, así como la metodología de trabajo cómo se realizaban esos expedientes en una etapa del boom de la construcción en Telde y que pese al escaso personal con el que se contaba en el área de Urbanismo, se hizo una labor ingente para sacarlo adelante.

Unos argumentos que terminaron de apuntalar con las respuestas a las preguntas de sus abogados, mientras el ministerio público veía cómo se le diluían sus acusaciones sobre prevaricación.

María del Carmen Castellano fue quien cerró la última sesión del juicio dedicada a las declaraciones de los acusados y lo hizo a medias. Así, expresó a los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que por consejo de su abogada, Rosa Díaz Bertrana, no contestaría a las preguntas del ministerio público, siguiendo el ejemplo de Valido.
Castellano, sobre quien pesaba acusaciones sobre la reforma de la sede del PP en Arnao, ingresos injustificados y la autorización de unas obras en Lomo Magullo, desmontó en las respuestas a su letrada estas tres papas calientes. Aseguró que no sabía nada de cómo se pagaron los trabajos en la sede, al asegurar que se limitó a elegir de entre tres pisos el que tenía el color más claro y que su asesor, José Luis Sánchez, como este había declarado, no le dijo nada. En cuanto a los ingresos, afirmó que era una cuenta con su marido y que en las obras de Lomo Magullo solo firmó como concejala accidental del área a lo que le presentaron los técnicos.

La Provincia-Dlp

Florentino López Castro

Florentino López Castro

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