La administración de Justicia, en sendas sentencias en primera y segunda instancia, ha rechazado parcialmente la reclamación por daños y perjuicios que inició el Ayuntamiento de Telde contra el que fuera adjudicatario de los derechos de superficie de las parcelas P-1 y P-2 del Parque Comercial La Mareta, donde está radicado Alcampo. Estos solares son los que se hallan a uno y otro lado de la entrada a esta zona comercial desde la rotonda de las escudillas en la GC-10, por el parque de bomberos.
La corporación municipal, en acuerdo plenario adoptado el 18 de septiembre de 2018, determinó que los daños y perjuicios que se habían producido por la resolución del contrato de derechos de superficie de esas dos parcelas ascendía a la cantidad de 6,2 millones de euros, en concreto, 6.282.579 euros, cantidad que resulta de la suma del 4% de la garantía definitiva, que arroja la cifra de 673.133 euros, y del tercio del precio de adjudicación, que alcanzaba los 5,6 millones de euros.
El exadjudicatario de esos dos solares, el empresario Julián Gómez del Castillo, administrador de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta SL, recurrió a los tribunales, y en una primera sentencia, dictada el pasado 9 de diciembre de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, se le estimó parcialmente el recurso. La magistrada Sagrario Tovar de la Fe falló que se anulara la parte de aquella resolución adoptada por el Pleno que le instaba a abonar una indemnización de 5,6 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
El Ayuntamiento le exigía 6,2 millones porque la resolución del contrato se había producido «por incumplimiento culpable del contratista», es decir, del adjudicatario, pero en la sentencia se deja claro que la corporación teldense no concretó esos daños que pretendía reclamar. Subraya que en la cláusula 24 del pliego de condiciones por el que se le adjudicó el contrato de esas parcelas en 2003 se le obligaba, en caso de incumplimiento del contrato, a una reversión de lo edificado y a la garantía y una indemnización del 3% del precio de la adjudicación por los daños y perjuicios ocasionados. En este caso, aclara la magistrada, como el contrato nunca se ejecutó, ni se edificó nada, no hay reversión posible. Y respecto a la incautación de la fianza y a la indemnización, dice que es una consecuencia de todo acto resolutivo, pero que esos daños, insiste, hay que concretarlos y demostrarlos, y no se hizo.
Este fallo resultó avalado posteriormente por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El Ayuntamiento recurrió aquella sentencia anterior y el TSJC le desestimó la apelación en una resolución dictada el 30 de marzo de 2021 y le condenó en costas. «No se puede indemnizar un incumplimiento en abstracto», subraya el TSJC.
Últimos coletazos judiciales de un caso iniciado en 2003
Este caso nace en 2003. El gobierno de CC que presidía Francisco Santiago adjudicó poco antes de las elecciones los derechos de superficie de las parcelas P-1 y P-2. Iban a albergar un cine, un hotel,… Cambia el gobierno, entran PP y Ciuca y revocan el concurso. Eso desencadenó todo. Años más tarde la Justicia anuló aquella revocación y devolvió los derechos al adjudicatario, pero ya nada fue igual. Pidió daños y perjuicios en los tribunales y se los denegaron. Luego se abrieron conversaciones para ejecutar el concurso. Nunca fraguaron, hasta que Telde le denunció por incumplimiento del contrato y le ganó.
Canarias7 / Gaumet Florido
