La demanda presentada por un concejal de la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT) contra el nombramiento de la dirigente de Coalición Canaria (CC) María Fernández como directora de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes ha sido desestimada. La magistrada María José Andrade, que ejerce funciones de refuerzo en el Juzgado de lo Social 2 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó el pasado viernes una sentencia que rechaza las pretensiones de Manuel Hernández, presidente de ese partido de la oposición en la localidad del sureste grancanario, por «falta de interés legítimo» del edil en el proceso de selección de la dirigente nacionalista, que tiene previsto ocupar su escaño de diputada en el Congreso a partir de julio en sustitución de Pedro Quevedo (Nueva Canarias), en virtud del pacto que alcanzaron ambas formaciones tras las elecciones generales celebradas en 2019.
La jueza incide, sin embargo, en que el concejal de AV-SLT no ha participado en un procedimiento que «no le afecta ni directa ni indirectamente» en su ámbito personal o patrimonial. En su argumentación, expone que el interés legítimo para demandar es «más que el simple interés o el interés moral o el mero afán de controlar la legalidad». Implica «la exigencia de que tenga un interés cualificado que debe ser objeto de protección en el ordenamiento jurídico». Exigencia que, a su juicio, no se cumple en este caso.
Para la magistrada «resulta llamativo» que ninguno de los candidatos que optaban a ocupar ese cargo, remunerado con 42.983,22 euros anuales, cuestionara las bases ni impugnara la designación de Fernández pese a ser quienes tienen «interés legítimo» en el proceso.
Las bases de la convocatoria fueron publicadas en octubre de 2020. Los candidatos debían estar en posesión de una titulación universitaria superior, con preferencia en los grados de Derecho o Administración y Dirección de Empresas, y una experiencia de dos años al servicio de la administración o de sociedades públicas. Además, se tendría en cuenta la formación específica relacionada con las funciones atribuidas al puesto directivo y determinadas habilidades.
La convocatoria estipulaba que una comisión de valoración seleccionaría a los tres aspirantes más idóneos, a los que se les entrevistaría por separado por espacio de una hora para, posteriormente, elevar una propuesta a la Presidencia de la sociedad municipal con una «orden de preferencia». Se presentaron once candidatos. La elegida fue María Fernández. Su nombramiento sería aprobado finalmente por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía de Tirajana el 26 de febrero de este año.
La comisión de valoración estaba formada por consejeros de la gerencia y empleados públicos del Ayuntamiento. Entre sus miembros se encontraba Pedro Sánchez, concejal de Deportes, Comunicación y Recursos Humanos, consejero de la sociedad municipal, titulado en Derecho y miembro del partido La Fortaleza, socio local de CC.
Hasta su designación como directora de la Gerencia de Cultura y Deportes, María Fernández ejercía como abogada en el despacho MF Consultas Jurídicas. Con anterioridad, la portavoz de CC había ocupado durante 18 meses (de enero de 2017 a julio de 2019) un cargo de confianza en el gabinete del entonces presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Una experiencia que le valió para cumplir uno de los requisitos exigidos. En septiembre de 2019 fue designada por su partido candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas. Concurrió en una lista conjunta con Nueva Canarias, con la que CC suscribió un pacto para repartirse el escaño durante la legislatura. No consta en su currículo que tenga experiencia alguna en el ámbito de la gestión cultural o de deportes.
En su demanda, el concejal de AV-SLT alegaba que el procedimiento no había respetado varias disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público y que no se había garantizado la debida imparcialidad e independencia de los miembros en los órganos de selección. Aludía a la presencia en la comisión de valoración del concejal Pedro Sánchez, miembro de un partido que mantiene una alianza con Coalición Canaria, formación a la que pertenece la candidata. Ya en aquel momento, el Juzgado de lo Social 2 de Las Palmas de Gran Canaria recordó que la sociedad municipal se rige por «normas de derecho privado» y que la convocatoria que el edil de la oposición pretendía anular se adecuaba en su formato y condiciones «a muchas otras efectuadas en el ámbito de las sociedades empresariales públicas, estando la apariencia de buen derecho de lado de la mercantil pública».
Sánchez defendió la legalidad del procedimiento, negó que la convocatoria estuviera hecha a la medida de María Fernández y afirmó que «en ningún caso» la militancia política de la candidata influyó en la designación final. Además, señaló que formó parte de la comisión de valoración como secretario junto a la interventora y la extesorera.
La Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana ya ha anunciado que presentará recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Eldiario.es
