El gobierno de Telde que tras el fracaso de la mediación, intenta ahora la conciliación judicial con los ADLs, lleva en el pecado la penitencia, porque es una chapuza, un fraude de ley.
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Abuso de poder
La conciliación que pretende el gobierno de Telde con los ADLs es una burla, un chantaje, un abuso de poder, además de una chulería porque ya te vale que quiénes cobran todos los meses, quieran tapar la boca con una limosna a dos trabajadores en estado de esclavitud que llevan 9 meses sin cobrar y trabajando sin estar dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social.
En el artículo 139 de la Ley 15/2015, de 2 de Julio, de la Jurisdicción Voluntaria se regula lo que se denomina “procedencia de la conciliación” y se dispone que “1. Se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito. La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición.”
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Politica de tierra quemada
Lo que sorprende es quiénes vulneran y atentan contra los Derechos Fundamentales de los trabajadores sea un partido político con la ‘O’ de obrero en sus siglas y con un sindicalista abogado que tuvo la oportunidad de subsanarlo en el último pleno municipal en su condición de alcalde en funciones.
Los ADLs siguen sin cobrar para 10 meses, con el drama social que se le supone y con un desgaste psíquico y moral, un sufrimiento personal y familiar que no lo podrá resarcir ni siquiera la regularización de esta fragante ilegalidad del gobierno de Telde con los trabajadores municipales.
Daños colaterales
Con todo, prohibido olvidar los daños colaterales que nos ha llevado esta situación. Esto es, a perder subvenciones millonarias, convenios de trabajo y planes de empleo, por no estar al corriente con el pago a la Seguridad Social.
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De la vulneración de Derechos Fundamentales, a la mediación frustrada para morir una conciliación fracasada, que en sí misma es un fraude de ley.
Y a todas estas doña Carmen, la alcaldesa imputada, en su juego político de cambio de estampitas.
Manuel Ramón Santana
