Actualmente en España se padece una de las mayores crisis habitacionales en décadas: el acceso a una residencia digna y asequible se ha convertido en un grave problema, los precios de compra y alquiler se disparan y la oferta de vivienda social es muy insuficiente. Y esta, es una situación que afecta gravemente a una parte significativa de la población ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El principal antecedente se originó en torno a 1997, cuando se produjo en el país una frenética actividad constructora que duró hasta 2007, una enorme “burbuja Inmobiliaria” sin comparación por su magnitud, duración y las devastadoras consecuencias económicas y sociales que provocó. Pues en los años más intensivos del periodo se estima que el volumen de creación de inmuebles fue superior a los de Alemania, Francia e Italia juntas, y en todo el ciclo se llegaron a construir ¡más de 5 millones de viviendas! de las que solo una ínfima parte fueron de protección oficial. Tras el colapso, incluyendo las promociones a medio construir, quedaron más de tres millones de inmuebles deshabitados. Y, todavía hoy, según un informe del Banco de España de 2024, alrededor de 450.000 de esas viviendas continúan sin habitarse.
Este formidable movimiento especulativo fue incrementado por el extraordinario afloramiento de dinero negro que se produjo ante la llegada de la nueva moneda europea en 2002. Decenas de miles de millones de euros en pesetas no declaradas se blanquearon a través del sector inmobiliario. Pudo suponer la financiación de entre un 15% y un 25% del boom inmobiliario inicial (según el sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda).
El impacto financiero de la burbuja fue colosal. La entrada del euro trajo consigo tipos de interés históricamente bajos, lo que facilitó un endeudamiento de las familias y los promotores de niveles nunca vistos e imparable pues el Banco de España había perdido la capacidad de frenarlo aumentando los tipos de interés. El volumen total de transferencias de ingresos de los compradores al sector de la construcción y al bancario, fue inmenso. En las empresas promotoras y constructoras llevó a disparar su aportación al PIB hasta cerca del 18%. Y cuando se produjo el desplome en 2008, la deuda de los hogares con las entidades financieras superaba los 900.000 millones de euros.
Cuando se produjo el colapso cayó el sector de la construcción y arrastró a la quiebra a una parte importante del sistema financiero español, sumiendo al país en la recesión más profunda de su historia democrática. Y en la parte de la demanda, provocó la bancarrota a cientos de miles de familias que, al no poder afrontar los compromisos contraídos, terminaron perdiendo sus hogares y, además, al no aceptarse en su caso la dación de los inmuebles en pago, tuvieron que asumir enormes deudas.
Así mismo, para el Estado, el coste directo de “sanear” el desastre financiero y el rescate al sector bancario español, fue formidable. Las ayudas al sector, para recapitalizar los bancos y cajas de ahorros quebrados, y de crear el «banco malo”, para eliminar sus recursos inmobiliarios tóxicos, se cifran en más de 66.000 millones de euros. De ese montante -que las autoridades públicas del momento aseguraron que no iba a costar un euro a la ciudadanía- el Banco de España da por irrecuperables aproximadamente 53.000 millones de euros.
La burbuja inmobiliaria también produjo un entorno generalizado de corrupción política sistémica, especialmente a nivel municipal y autonómico, resultado de la recalificación de suelos y de la concesión de licencias irregulares a cambio de sobornos y comisiones de las empresas promotoras. De este modo, los pagos de las grandes constructoras se convirtieron en una de las principales vías de financiación ilegal de los partidos políticos en el poder. Además del latrocinio perpetrado, el legado de esta corrupción generalizada es un desarrollo urbanístico caótico e insostenible y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones y las clases dirigentes, que no han dejado de aumentar.
Tras el seísmo que provocó el estallido en 2008 de esa macro burbuja inmobiliaria en España los balances de las grandes constructoras y de la banca terminaron fortalecidos y la economía social, se hundió. Pues, con la connivencia de las instituciones públicas, durante la fase de euforia se habían privatizado beneficios astronómicos, y tras el derrumbe se “socializaron” las ingentes pérdidas entre la ciudadanía de a pie y las empresas constructoras y bancarias de menor tamaño.
Estando en esas censurables condiciones legales, económicas y sociales en nuestro país, llegó la “Gran Recesión”, la crisis económica global, desencadenada, así mismo, por el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos -y de la ingeniería especulativa financiera construida en torno a él- lo que llevó a la crisis financiera internacional y una posterior recesión económica, también sin parangón.
Xavier Aparici, filósofo y experto en gobernanza y participación
