Colectivos Ciudadanos, entidades ecologistas y personas a título individual han presentado una batería de alegaciones al borrador de modificación de la ley del Suelo y espacios naturales protegidos de Canarias, denunciando que las reformas propuestas suponen una grave amenaza para el medio Ambiente en una ley de por si polémica en cuanto a la protección del medio Natural, y al acceso a la vivienda, así como a los derechos democráticos de participación ciudadana. La documentación se entregó este lunes en el Edificio Usos Múltiples1 sede de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas en Las Palmas de Gran Canaria.
Entre los principales puntos destacan:
- Contradicciones legales y riesgo de sanciones Europeas
La nueva normativa vulnera múltiples directivas europeas, como la Directiva Del Marco del Agua(2000/60/CE) Y la Directiva de Hábitats(92/43/CEE), AL permitir proyectos
industriales en zonas protegidas, como el vertido de salmuera del proyecto hidroeléctrico Chira-Soria o la ocupación de suelos fértiles por mega plantas fotovoltaicas.
Estas actuaciones ponen en riesgo la biodiversidad marina y terrestre del Archipiélago, pudiendo derivar en sanciones millonarias por parte de la Unión Europea
- Debilitamiento de los controles ambientales y urbanísticos.
La propuesta legal favorece la legalización encubierta de usos provisionales, la eliminación del silencio Administrativo negativo en suelo protegido y la
flexibilización de reclasificaciones urbanísticas, debilitando gravemente la planificación territorial, y facilitando la especulación del suelo y el deterioro Ambiental.
- Exclusión de la ciudadanía en decisiones clave
Se incumple la Ley 27/2006, que garantiza los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, al reducir los plazos, eliminar garantías y promover una evaluación ambiental con escasa transparencia y sin independencia técnica.
- Propuestas ignoradas para un modelo sostenible
Las alegaciones ciudadanas proponen alternativas concretas: Desalación sostenible con energías renovables.
Renovables en suelos ya transformados, no en rústico protegido.
Rehabilitación de núcleos rurales abandonados como solución habitacional sin consumir nuevo suelo.
Vivienda protegida con garantías legales, priorizando a residentes locales y cumpliendo la ley estatal12/2023.
- Advertencia legal y social
Si no se corrige el texto legal, Canarias podría enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad, sanciones europeas y un aumento de conflicto social, en contexto donde el 68% de la población rechazan proyectos que destruyen espacios naturales (Encuesta Ecológica Canaria, 2024). Conclusión
Las alegaciones presentadas reclaman un modelo territorial basado en el interés general, la sostenibilidad ecológica y el derecho a decidir sobre el territorio. La ciudadanía exige que las políticas urbanísticas y ambientales de Canarias se alineen con los compromisos internacionales y con un futuro habitable para las próximas generaciones.
