El caso que se sigue desde hace nueve años en Las Palmas contra Vladimir Kokorev, por haberse beneficiado en veinte millones de euros, supuestamente siendo ‘amigo’ de Teodoro Obiang, entra en una nueva esfera. Mientras se sigue investigando si el empresario hispano-ruso, ya jubilado y enfermo del corazón, fue hace casi veinte años testaferro del presidente de Guinea Ecuatorial, ahora ha trascendido, según ha sabido Onda Guanche, que la UDYCO canaria comparte información obtenida en el caso con servicios secretos de otros países, sin conocimiento ni control por parte del CNI.
Interrogado por la jueza Ana Isabel de Vega, y por los abogados del empresario hispano-ruso, El Inspector Jefe de la unidad canaria ha admitido que mantiene colaboración con distintos servicios secretos de otros países: “De Estados Unidos, de Ucrania… y alguno más que se me puede escapar.” A la pregunta de sí está proporcionado información del caso a servicios secretos de Ucrania, el inspector también ha respondido afirmativamente, tras varios titubeos, en una comparecencia, junto a una segunda agente policial interrogada, que tuvo lugar hace semanas.
Las reuniones con miembros del servicio secreto de Ucrania se habrían llevado a cabo en la Embajada del antiguo país soviético. Habría estado presente el inspector jefe de la UDYCO de Las Palmas y, supuestamente, un agente de los servicios ucranianos, que no se habría identificado ni con su nombre ni en su rango, según se ha revelado ante el juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas.
La razón de esta reunión, sorprendentemente, consta en la propia causa. El jefe de la policía canaria sostiene que contactó con agentes de ese servicio de información extranjero en España “al objeto de articular algún tipo de colaboración (…) habida cuenta de que ha sido localizada en la documentación intervenida [a Kokorev] numerosa información operativa que podría ser de interés para aquel país”.
Sobre esta forma de proceder, y a preguntas de De Vega sobre si había obtenido la aprobación del CNI para esparcir, airear o simplemente poner en común esos documentos sensibles de la inteligencia española, el inspector contesta que “el CNI no me dijo ni blanco ni negro”, y que, en consecuencia, siguió con su ‘misión’.
La falta de cadena de custodia, ‘talón de Aquiles’
Los letrados de la familia Kokorev confiesan sentirse tremendamente sorprendidos ante una revelación de este calado y ante este método insólito de actuar por parte de la UDYCO canaria. “Lo que el inspector jefe admite”, asegura el letrado Antonio José García Cabrera, “es que durante la investigación, él encontró documentos (elaborados por o para el CNI) que le parecieron sensibles o de interés nacional. Lo lógico hubiese sido compartir esta documentación con los servicios de seguridad de España, pero no ha sido así. Ha quedado claro en sede judicialen una actitud que hemos percibido como de extrañeza”.
Es relevante calibrar las consecuencia de esta actitud o estrategia, continúa García Cabrera, “con unas motivaciones que se me escapan: concretó varias reuniones con servicios secretos de otros países y diseminó la información que obtuvo durante su investigación, que nada tiene que ver con el caso (…) aún más, le indicó a esos agentes extranjeros la fuente, el origen de la documentación (…) estas colaboraciones ponen en peligro tanto la vida de Kokorev y su familia, como los intereses nacionales de España”.
Oficialmente se admite que al ‘testigo estrella’ le mueve “el odio”
No es la primera vez que la UDYCO de las islas se ve obligada a responder ante procedimientos ‘poco ortodoxos’. El mismo inspector jefe admite que en la instrucción “ha habido muchos errores”. Uno de ellos, “colocar” contratos mercantiles en un USB, afirmando que el dispositivo pertenecía al hijo de Vladimir Kokorev, un hecho falso según demostró una prueba pericial informática.
Tras nueve años de instrucción, y según escritos en posesión de la juez Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río, los informes remitidos al juzgado no han podido vincular el patrimonio de Kokorev con ningún delito antecedente, no han aportado pruebas de operaciones de ‘autoblanqueo’, no han acreditado que la sociedad mercantil y naviera del empresario -Kalunga Company- perteneciese al presidente de Guinea Ecuatorial ni tampoco que el empresario hispano-ruso comprase al jefe de Estado de la antigua colonia española o a sus familiares alguna vivienda en España
El ‘caso Kokorev’ ha sido denunciado por numerosos eurodiputados en el Parlamento Europeo por dilaciones indebidas, métodos de instrucción irregulares y vulneración de derechos fundamentales. A pesar de que investigaciones previas por supuesto blanqueo de dinero llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid fueron archivadas hasta en dos ocasiones por no encontrarse evidencias de delito, el Juzgado mantuvo al empresario en prisión preventiva 29 meses, periodo después del que se le ha tenido que intervenir de urgencia con la colocación de cuatro ‘bypass’.
El testigo ‘estrella’ del caso, el abogado y ex empleado de Kokorev, Ismael Gerli, sigue sin declarar. Investigado en Panamá por delitos cometidos contra la familia de su ex jefe, argumenta haber llegado a una “absoluta indefensión”. En correos en los que interviene Gerli o en los que se le cita, tanto por parte del inspector jefe de la UDYCO en Canarias como por el agregado de Interior de la embajada de España en Panamá, se llega a reflejar, tal y como consta en la causa, que “está [Gerli] dispuesto a colaborar debido al odio que tiene a este clan familiar”. Paradójicamente, quien ayudó a introducir a este acusador de Kokorev en el proceso hace el mismo diagnóstico que los abogados del empresario: la aportación de material, del que no se ha respetado la cadena de custodia, tiene el móvil de la venganza.
Respecto del material incautado a Vladimir Kokorev, incluido el de ‘carácter reservado’ que la policía canaria ha expuesto ante terceros Estados, sucesivas pericias informáticas de carácter independiente han concluido “la inexistencia total y absoluta de cadena de custodia” respecto de todos y cada uno de los dispositivos, la “manipulación sistemática de forma inadecuada de estos dispositivos” por parte de la policía. Alguno de los elementos probatorios contenía archivos creados por los propios agentes. Este escenario allana el camino para que el dossier, hoy en estudio por el reputado experto en Derecho Humanitario, Scott Crosby, entre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Redacción Onda Guanche
