La investigación que se sigue en Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, ha dado un giro de 180 grados. En una instrucción que le ha llevado a permanecer dos años y medio en prisión preventiva, y sobre la que la propia Audiencia Provincial de Las Palmas ha reconocido que no se ve un horizonte penal claro para el juicio, la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río siguen sin pronunciarse sobre una patata caliente que tienen encima de su mesa desde hace cuatro semanas.
En particular, Del Río aún no se ha pronunciado en relación a un informe pericial elaborado por Juan Martos Luque, prestigioso perito informático, que revela la manipulación en la recogida de pruebas practicada por la UDYCO en la interminable investigación que se sigue por presunto lavado de veinte millones de euros.
Los abogados de los Kokorev se han dirigido al Juzgado de Instrucción nº5 para enfatizarle, dada la demora, que se espera que la fiscalía se pronuncie sobre un hecho gravísimo: la acreditación pericial de la manipulación, en especial de una memoria informática decisiva en el proceso contra el jubilado empresario, “constituiría la comisión por los agentes policiales intervinientes de un delito de falsedad en documento y de un delito de infidelidad en la custodia de documentos del atículo 413 del Código Penal”. Y es que el Ministerio Público aún no ha informado “sobre el procedimiento a seguir ante la gravedad de los hechos denunciados, pese a haber transcurrido casi ya un mes desde su puesta en conocimiento del órgano instructor”.
De esta manera, se exhorta al juzgado que dé traslado a Fiscalía para que informe especialmente “si procede deducir testimonio de particulares apra depurar las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido los agentes policiales intervinientes”.
Riesgo de desmoronamiento de una parte crucial de la investigación
La pericia que puede provocar un socavón a instructora y fiscal (hasta ahora alineados en la acusación contra los Kokorev), cuestiona absolutamente la memoria USB entregada por el testigo estrella del caso, Ismael Gerli. En el informe, elaborado a instancias del letrado de los Kokorev, José Antonio Choclán (fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional) se refieren “graves deficiencias observadas en algunos soportes analizados, que condicionan la completa invalidez de la prueba, así como la manipulación de determinados particulares unidos a las actuaciones“.
Las defensas de la familia hispano-rusa han puesto en conocimiento de la jueza las demoledoras conclusiones del análisis científico de esa ‘prueba especial’ en la que se había convertido el USB de Gerli: “del análisis del pen drive hemos podido extraer evidencias de manipulación del mismo por parte de la policía española (con creación, borrado y modificación de archivos)”.
El “pen drive” era hasta hoy de vital importancia en la instrucción y considerado un pilar sobre el que se mantenía la acusación contra el empresario ya jubilado y enfermo. Sobre él no sólo se tendrá que pronunciar la jueza canaria De Vega sino el fiscal anticorrupción, Luis del Río, alineado hasta hoy con las tesis de la magistrada del blanqueo de capitales.
La propia UDYCO, que se resistió a entregar este USB crucial a la jueza (que incluso avisó a los agentes de desobediencia si no lo depositaban en el juzgado) admitió no respetar los protocolos de recogida de material informático. Los agentes de policía reconocieron que del lápiz de memoria no habían obtenido la firma digital o ‘código hash’, “imprescindible en un proceso de tratamiento de este tipo de evidencias ante cualquier tribunal”, el único elemento que permite acreditar ante un juez que sobre la memoria no se han producido alteraciones ni manipulaciones.
Penas de prisión de hasta cuatro años por manipular documentos
Los agentes denunciados por manipular pruebas informáticas (como acredita de forma indubitada la pericia) por haber presuntamente destruido, inutilizado u ocultado, total o parcialmente documentos cuya custodia les estaba encomendada por razón de su cargo incurrirían “en penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.
La Fiscalía General del Estado tramita un expediente por irregularidades/ilegalidades en la invesigación del caso. Además del dossier sobre el que tendrá que pronunciarse el departamento de Julián Sánchez Melgar, el Parlamento Europeo ha denunciado en diversos foros (Bruselas y Estrasburgo) las condiciones ilegales de prisión preventiva aplicadas a Vladimir Kokorev, en un asunto que llegó al Comité de Peticiones de la Unión Europea.
Las sospechosas dilaciones en esta interminable investigación están motivadas por el hecho de que dos comisiones rogatorias, precisamente a Guinea Ecuatorial y Ucrania, están en el limbo después de que fuesen aprobadas el pasado verano.
Redacción Onda Guanche
