Alfonso Merlos: «Los daños irreparables y colaterales de la violación del secreto de sumario»

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Tristemente vivimos en un país en el que la corrupción nos sale por las orejas. Y el español de infantería -más que menos- ha hecho todo un máster extra-académico y apresurado  sobre cómo se instruyen los procesos para poner en su sitio a los malhechores que perpetran delitos no sólo pero especialmente económicos.

Así, y a pesar del empeño de los periodistas de ir incansablemente tras la pista, detrás de la verdad, para revelarla con la máxima celeridad (¡es nuestra obligación!), la figura del ‘secreto de sumario’ se ha impuesto en no pocas investigaciones. Tiene su lógica. Porque con frecuencia hay que impedir que desaparezcan huellas del delito, o hay que inventariar en la penumbra datos para comprobar la existencia de ilegalidades, o hay que reunir en definitiva los elementos que han de utilizarse en el crisol de la contradicción durante los debates del juicio oral y público.

Es curioso y hasta paradójico que el propio Tribunal Supremo haya establecido las causas bajo las cuales las sucesivas prórrogas del secreto de sumario afectan al derecho de defensa y originan un perjuicio real y efectivo en el acusado. Y con frecuencia eso ocurre.

Pero con no menos frecuencia sucede que la vulneración del secreto (con la publicación en prensa de partes interesadas de sumarios en curso, o, peor, de legajos sueltos) es la que produce interferencias y pone en riesgo el éxito de la propia investigación y la averiguación de la verdad de los hechos. Y, aún más, por ese carácter siempre interesado que tiene ‘la filtración a los medios de comunicación’ de piezas fragmentarias de un todo, se termina erosionando o pulverizando la imagen, reputación, fama y honorabilidad de personas imputadas, impidiendo la administración de una Justicia limpia y libre de injerencias (¡terrible!).

Los difusos y desbordados límites de la libertad de información

En los últimos tiempos hemos visto en España cómo (¿jueces, fiscales, funcionarios judiciales, policía?) filtraban a la prensa los más variopintos informes sobre los más variopintos casos pero siempre con una misma intención: perjudicar en el ejercicio de sus derechos y de su defensa al ‘sospechoso’. Ocurrió hace no tanto con el futbolista Benzemá, cuando se desveló en plena investigación un testimonio sobre un presunto escándalo sexual en el que supuestamente estaba envuelto el delantero del Real Madrid. Y tres cuartas partes cuando hasta unos papeles secretos de la policía terminaron en las Cortes Valencianas usados por el PSOE para atacar a “los corruptos del PP”.

Lo que ha sucedido en los últimos días a través de alguna publicación de prensa de difusión nacional no es nuevo. Las ‘informaciones’ afectando a la imagen, reputación, fama y honorabilidad de Vladimir Kokorev, presunto testaferro de Teodoro Obiang en Canarias (29 meses encarcelado de forma insólita en el centro penitenciario de Juan Grande) son de las que pueden condicionar la administración de una Justicia limpia y libre de injerencias.

Porque, por ejemplo, en ellas se establece que Julia (esposa de Vladimir) e Igor (hijo de empresario hispano-ruso) se encuentran en libertad tras haber abonado una fianza, circunstancia ésta última que nunca ha ocurrido. Porque, por ejemplo, en ellas se establece que los servicios profesionales de mediación que se han podido efectuar para la compra y venta de armas con Ucrania y Guinea Ecuatorial como actores son “tráfico de armas”; o sea, ese comercio ilegal de aparatos o municiones que en ocasiones termina en manos de terroristas o guerrilleros.

En la comunicación no es tan importante lo que se dice o escribe como lo que se percibe. Y lo grave para su repercusión en procesos judiciales en marcha, como el que se sigue en el Instrucción nº5 de Las Palmas, no es sólo la filtración interesada (en este caso de papeles de la UDYCO canaria). Lo es la forma de presentar las ‘noticias’. Porque éstas, con excesiva y dañina asiduidad, no terminan por su forma y su fondo perteneciendo al género informativo sino que forman parte precisamente de una estrategia de manipulación de la opinión pública, de propaganda.

El género propagandístico se manifiesta a través de acciones sistemáticas y reiteradas de carácter persuasivo cuyo objeto es influir en el receptor y cuya finalidad es incentivar determinadas actitudes, opiniones o comportamientos a través de la presentación de una realidad tergiversada… que puede o no estar basada en hechos. Y estas operaciones mediáticas, que tienen poco que ver con el concepto de ‘noticia’ o de ‘actualidad’, son eficaces cuando ese receptor adopta las decisiones buscadas por el emisor de la propaganda aceptándolas. Qué desgracia recaería sobre un Estado de Derecho en el que quienes tienen el sagrado deber y la noble responsabilidad de administrar Justicia escribieran sus autos y sentencias y diligencias, como escriben algunos medios, en renglones torcidos.

(*) Alfonso Merlos, Periodista y Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y UCJC

Florentino López Castro

Florentino López Castro

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