Más allá del momento histórico, de los lugares y las circunstancias, no hay sociedad humana que no tenga para organizarse una necesidad de justicia, de un conjunto de referencias y una jerarquía de criterios que hagan la vida en comunidad “vivible”. La justicia se hace especialmente benéfica cuando en su administración convergen la dignidad humana, el bien común y la ley, y esa confluencia es la mejor herramienta para mantener la armonía entre los integrantes de un colectivo.
Ya Platón proponía en su República que los gobernantes de la ciudad ideal deberían ser o transformarse en los individuos más sabios pero, sobre todo, más justos. Aristóteles entendía que la Justicia debería resumirse en dar a cada uno lo que es suyo o le corresponde, en proporción a sus necesidades y sus méritos personales. Fue Tomás de Aquino quien a través de la ley natural estableció la base para los derechos humanos. Para Cicerón, la Justicia era un hábito del alma, que observado en el interés común otorgaba a cada cual su dignidad.
Es sumamente interesante ese concepto tan vinculado a la recta aplicación del Derecho, el de ‘dignidad’, en la medida en que afecta a las personas sometidas a los tribunales: sean investigadas, procesadas, privadas de su libertad preventivamente e incluso encarceladas durante años. Porque el Estado puede legítimamente privar a las personas de su libertad, pero no despojarlas de su inherente dignidad. Y con frecuencia esto último ocurre, o corre el riesgo de ocurrir.
Mañana la Audiencia Provincial de Las Palmas decide sobre la libertad (o no) de Vladimir Kokorev, el presunto testaferro de Teodoro Obiang encerrado en Juan Grande durante 29 meses por supuesto lavado de dinero. En España, según datos del Ministerio del Interior muere un preso enfermo cada diez días en nuestros centros penitenciarios, siendo “las principales causas naturales de fallecimiento la cardiopatía isquémica, la hepatopatía crónica por el virus de la hepatitis C y los tumores”.
Vladimir Kokorev, empresario jubilado del sector naviero (el origen de su causa deriva de sus negocios con Guinea Ecuatorial), padece cardiopatía isquémica. Sufrir esta enfermedad coronaria significa sufrir un conjunto de alteraciones que ocurren por un desequilibrio entre el flujo sanguíneo de las arterias coronarias y el requerimiento de oxígeno del músculo cardiaco. Este desequilibrio produce una isquemia, cuyos efectos son metabólicos y mecánicos: disminuye la contractilidad del corazón, se modifican y se hacen inestables los potenciales de reposo y acción del paciente… y ésta es la principal causa de muerte en los países desarrollados.
De forma reiterada, y desde un punto de vista clínico, Kokorev (cuya situación humanitaria está revisando el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo) ha solicitado su salida de prisión para poder tratarse médicamente y evitar un desenlace fatal. Y ha puesto en conocimiento de la juez de Instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, sus fuertes dolores torácicos precisamente producidos por su isquemia y la descompensación entre las demandas de oxígeno y el aporte. Aún más, ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales sus mareos y sus nauseas, su sudoración profusa y sus dificultades para respirar, y el riesgo de la obstrucción arterial por un trombo o un espasmo. Aproximadamente un tercio de los pacientes con esta sintomatología progresan hacia la muerte súbita.
Ocurre con más asiduidad de la que imaginamos que los primeros magistrados del país, los príncipes de la judicatura, en casos no ya de personas privadas provisionalmente de su libertad -como Vladimir Kokorev- sino de reos condenados, entienden que la administración recta de los principios de Justicia y sus valores esenciales coincide con la pura y noble administración de la compasión, ese sentimiento humano que distingue la civilización de la barbarie, que se manifiesta a partir y comprendiendo el sufrimiento de otro ser, y que se materializa en la voluntad y la actitud de aliviar y reducir ese hiriente sufrimiento. Que vaya a ser el caso de la apelación que va a ser vista mañana viernes, en calidad de ponente, por el magistrado Carlos Vielba en la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas es… una auténtica incógnita.
(*) Alfonso Merlos, Periodista y Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y UCJC
