Día: 20 de agosto de 2024

Desde Nueva Canarias Bloque Canarista de Telde queremos expresar nuestra más firme crítica hacia la desastrosa gestión del mercadillo de Jinámar por parte del alcalde Juan Antonio Peña y su equipo de gobierno. Es evidente que la administración actual ha demostrado una total falta de interés y compromiso con los servicios básicos que afectan a barrios tan importantes como Jinámar, centrándose exclusivamente en la organización de fiestas mientras la realidad de nuestros vecinos es desatendida.

El mercadillo de Jinámar, que debería ser un espacio de desarrollo económico y social para la comunidad, se encuentra en un estado lamentable debido a la ausencia de gestión efectiva. Las deficiencias en la organización, la falta de control en la distribución de los puestos, y la inseguridad constante son problemas que reflejan la dejadez del actual gobierno municipal. Mostramos nuestra preocupación ante la falta de información después que se anunciara  control y regulación de los puestos existentes , cuando lo que ocurre cada domingo es un aumento sin control de los puestos, especialmente en el ala norte. A su vez preguntamos por la previsión de ejecución del plan director consensuado en el mandato pasado con los profesionales del sector, organizaciones y vecinos del distrito para convertir ese espacio en un eje vertebrador del barrio con otros usos compatibles con la actividad dominical.

  El alcalde Peña ha priorizado las fiestas y eventos en detrimento de los servicios básicos, dejando a barrios como Jinámar en un segundo plano. Esta falta de atención no solo perjudica a las personas comerciantes, que dependen del mercadillo para sustentar a sus familias, sino también a los y las vecinas, que ven cómo su entorno se deteriora por la desidia de sus gobernantes.

Desde Nueva Canarias Bloque Canarista de Telde exigimos al alcalde Juan Antonio Peña que asuma su responsabilidad y se enfoque en resolver los problemas reales que afectan a la ciudadanía de Telde. No es aceptable que se inviertan ingentes cantidades de recursos públicos en celebraciones mientras los servicios básicos, esenciales para la calidad de vida en nuestros barrios, son ignorados.

El grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria ha cuestionado el sistema para elegir al nuevo director gerente de la Fedac y tacha de «escándalo» que los tres candidatos que llegaron a la entrevista final sean de Telde y ocuparan previamente cargos públicos en instituciones gobernadas por Nueva Canarias (NC), tanto en el Ayuntamiento como en el propio Cabildo. A ello se suma que el jurado calificador estuviera presidido por Minerva Alonso, consejera de la corporación insular, concejala en el consistorio teldense hasta hace unas semanas y una de las cabezas visibles de la organización de NC en ese municipio.  

Los populares critican el nombramiento en la Fedac, aprobado por el consejo de gobierno del Cabildo en pasado 22 de julio, después de que la portavoz adjunta del grupo, Pepa Luzardo, reclamara el expediente y las actas de la convocatoria pública para cubrir esa plaza. A su juicio, es «más que sospechoso» que entre los aspirantes que se presentaron se acabara entrevistando a tres personas de Telde y ligadas a NC, incluso en cargos orgánicos. 

Según se refleja en esa documentación, las entrevistas se realizaron el 2 de julio de 2024 «al objeto de valorar la idoneidad y adecuación al puesto convocado». Dos de los cinco candidatos convocados no asistieron a esa última prueba, ambos sin relación conocida con Telde o con NC, por lo que la plaza se la disputaron solo esas tres personas. 

El candidato con mayor puntuación en la entrevista, con 23 puntos sobre 26 posibles, y por tanto nombrado, fue Tomás Carmelo Ramírez Rodríguez, que según la información recabada por el PP fue gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Telde (Fomentas) desde julio de 2015 hasta agosto de 2023, en que fue destituido por el nuevo gobierno local liderado por Ciuca, Más por Telde y CC. 

Los otros dos entrevistados, que quedaron empatados a 18 puntos, fueron Manuel Amador Jiménez, que fue director insular de Medio Ambiente en el gobierno del Cabildo hasta el pasado mes de marzo, fecha en que el consejero Raúl García Brink lo sustituyó, y Sergio Suárez Hernández, exconcejal de NC de Telde y actual vicepresidente del partido en el municipio.  

El acta detalla nueve criterios de valoración: experiencia de gestión y trabajo en equipo (2 puntos); experiencia en gerencias de empresas públicas (2); conocimientos en gestión y contratación pública (2); gestión de fondos europeos (2); formación relacionada con la gestión de entes/organismos autónomos y/o empresas públicas (2); visión estratégica, capacidad de planificación, determinación de prioridades y toma de decisiones (4); liderazgo de equipos (4); capacidad de liderar la implantación y revisión de estrategias (4); y capacidad de comunicación y negociación (4). 

Defensa del nombramiento

En réplica a las acusaciones del PP, Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo, defendió la corrección del procedimiento para nombrar al gerente de la Fedac y acusó al grupo del PP de hacer «un uso torticero» de ese nombramiento para desgastar al gobierno insular, pues ni el elegido Tomás Carmelo Ramírez ni Manuel Amador son afiliados de NC.

«Una vez se abrió la concurrencia se apuntaron cinco personas que cumplían con los requisitos establecidos en las bases reguladores publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el siguiente paso era acudir a la entrevista, pero dos de ellas desistieron», explicó Alonso, que recalcó que fue una procedimiento abierto y «se podían haber presentado 10, 20 o 50 personas, pero solo lo hicieron esos cinco». También precisó que estuvo en la entrevista al ser la presidenta de ese organismo, pero se hizo acompañar por la Jefa de Servicio de Industria y Comercio, y dos trabajadoras de la Fedac para que valoraran con su experiencia la elección de la persona más apropiada para el puesto.

La Provincia-Dlp (Jesús Montesdeoca) / Imagen: Andrés Cruz

Desde hace tiempo, la denuncia pública en los medios de comunicación de los atropellos cometidos contra los ciudadanos se ha convertido en una poderosa manera de buscar justicia.

La ciudadana de San Gregorio (Telde), María Isabel Padrón Sánchez, tal como habían avanzado los medios digitales, Onda Guanche y Canarias Informativa, se reunió este lunes con la concejal de Servicios Sociales Adela Álvarez, quién se comprometió a devolverla a la lista de familias en exclusión social para beneficiarse de las ayudas sociales a las personas necesitadas, así como incluirla como candidata a personal de convenio.

María Isabel que con 60 años, se ha hecho cargo de sacar adelante a su nieto por motivos personales, se mostró muy agradecida de ser recibida por la edila del área, si bien le dio como el que no quiere la cosa un recadito, «no hacer declaraciones a los medios de comunicación porque corre el riesgo de que le quiten la custodia del menor si confiesa públicamente que no tiene medios económicos para su sostenimiento».

Parece miserable que Adela Álvarez, haya amenazado solapadamente a María Isabel Padrón, para que se quede calladita en casa y no salga a los medios a decir las situación injusta en que la vive.

Pues se da la casualidad de que si la concejala de Servicios Sociales ha recibido a Isabel hoy lunes, es precisamente porque sabe que no se calla la boca y denuncia públicamente las injusticias que está sufriendo.

Me parece absolutamente deleznable, que se trate de meter el miedo en el cuerpo de esta mujer que está pasando por una muy difícil situación familiar, y si bien ella cobra una pensión de 600 euros mensuales, lo que pide es justicia social y tener las ayudas sociales que le corresponde como familia necesitada, además de los vales de alimentos también tiene derecho a un alquiler social, ya que el 80 por ciento de lo que gana es para pagar el alquiler mientras en Telde hay más de 200 viviendas sociales cerradas y sin ser adjudicadas.

La denuncia pública se ha convertido en una cierta forma de restitución al ciudadano del poder para hacer justicia, especialmente en los supuestos en los que el político no es capaz de actuar con eficacia. 

Canarias Informativa