La sección sexta de la audiencia provincial de Las Palmas juzgará el próximo jueves a un teldense de 69 años por haber publicado falsas ofertas de empleo con el fin, supuestamente, de abusar sexualmente de las candidatas. El acusado contactó con las denunciantes entre enero y febrero de 2018, quienes acudieron a su domicilio, en San Juan, creyendo que iban a llevar a cabo una entrevista de trabajo.
Así, el 20 de enero de 2018, se presentó en su domicilio la primera de las afectadas y, una vez allí, el acusado, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y sin su consentimiento, le introdujo la mano por debajo del suéter y le tocó los pechos. En ese mismo mes se repitió la situación con otra mujer, que también acudió a dicho domicilio, dónde afirma que le tocó los pechos con idéntico objetivo sexual. Aunque el hecho más grave ocurrió en febrero de ese mismo año, cuando la tercera denunciante asegura que el presunto culpable la forzó a mantener relaciones sexuales completas con penetración vaginal, llegando incluso a taparle la boca en varias ocasiones cuando esta se negó. «Se prevaleció de la situación de vulnerabilidad y amedrentamiento en la que ella se encontraba al hallarse sola dentro del domicilio del acusado», según recoge el procedimiento de sumario elaborado por la Fiscalía. Cabe destacar que el varón posee antecedentes penales al haber sido condenado por un delito de abuso sexual en 2017.
Según la Fiscalía, los hechos narrados son constitutivos de dos delitos de abuso sexual y un delito de agresión sexual con acceso carnal. Además, el acusado concurre a la circunstancia de agravante de reincidencia. Por todo ello, se le impone la pena de tres años de prisión por cada uno de los delitos de abuso sexual, y 11 años por la agresión sexual. También se le impone al acusado la prohibición durante siete años de acercarse a menos de 500 metros de las dos presuntas víctimas de abuso sexual, de su domicilio, trabajo o cualquier otro lugar que éstas frecuenten, así como la prohibición de comunicarse con ellas. Unas prohibiciones que serán idénticas con respecto a la supuesta víctima de agresión sexual, pero en este caso la vigencia de las restricciones serán de 15 años.
Asimismo, la Fiscalía interesa que se acuerde la medida de libertad vigilada por un periodo de nueve años. «Dicha medida podrá consistir en el sometimiento del encausado a la obligación de participar en programas de educación sexual que deberá ser cumplida tras la ejecución de la pena privativa de libertad», sostiene el procedimiento. En cuanto a la responsabilidad civil, el acusado indemnizará a las presuntas víctimas por un total de 25.000 euros.
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