Día: 9 de junio de 2020

Vecinos de Melenara y Clavellinas se han puesto en contacto con la redacción de ONDA GUANCHE para denunciar el ruido que hace el tractor que criba la arena de la playa de Melenara y que está funcionando de madrugada (a partir de las 03:00 o 04:00 horas, dependiendo del día), y que como es lógico, perturba el descanso de las familias cercanas.

Según indican, los trabajos se prolongan durante dos horas, y cuestionan el horario en el que se realiza esta función, por otra parte necesaria, pudiéndose realizar a otra hora respetando el descanso de los vecinos. Al parecer, además del incongruente horario, el actual tractor emite un ruido que no producía el anterior que se utilizaba, y si se trata del mismo, está trabajando con algún problema por el fuerte sonido que emite.

Irónicamente afirman que «al Alcalde y su esposa, también vecinos de Melenara-Clavellinas, no les molesta el ruido porque su dormitorio da hacia la calle trasera, a la calle Gravina concretamente, por lo que les pide un poquito de empatía vecinal».

La Sala II del Tribunal Supremo ha archivado la causa relativa al expresidente de Canarias y senador Fernando Clavijo Batlle al no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su actuación en el denominado ‘caso grúas’, en el que un Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) investigó diversas actuaciones del aforado, entonces alcalde de esta localidad, relacionadas con la gestión municipal del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a través de una concesionaria.

Al respecto, la periodista y redactora del Ayuntamiento de Telde, Maribel Castro, señaló que «me alegro mucho por Fernando Clavijo, que siempre me ha parecido un hombre honrado. A ver que dicen ahora los zascandiles arribistas del ayuntamiento de La Laguna: podemitas, IU, Santiago Pérez, prensa mercenaria y más hierbas. Pidan perdón por lo menos manada de sinvergüenzas».

Las playas de Telde vuelven a recibir un año más el galardón de la Bandera Azul que otorga anualmente la Fundación Europea de la Educación Ambiental para premiar el cumplimiento de unos estándares de condiciones higiénicas, sanitarias, de seguridad, accesibilidad, información, salvamento y socorrismo.

En concreto, la bandera azul ondeará de nuevo en las playas de Hoya del Pozo, La Garita, Melenara y Salinetas; una enseña que reconoce la calidad de sus aguas y sus equipamientos

El concejal del área, Jonay López, se congratula por la renovación del galardón y afirmó: “Las playas de Telde suponen un atractivo turístico para nuestra ciudad, abierta al mar. Tienen identidad propia, y una vez más demuestran que son calas referentes tanto para los y las teldenses como para quienes nos visitan. Estamos muy orgullosos de recibir por cuarto año consecutivo esta enseña en las cuatro calas, lo supone que desde la Concejalía de Playas se está realizando un buen trabajo en este sentido”.

Además, el edil agradeció el esfuerzo de todo el personal de la Concejalía, así como el trabajo coordinado entre otras áreas, para que las playas de Telde continúen siendo un referente en Canarias y destacó la puesta en valor de este potencial turístico del municipio.

La Sala II del Tribunal Supremo ha archivado la causa relativa al expresidente de Canarias y senador Fernando Clavijo Batlle al no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su actuación en el denominado ‘caso grúas’, en el que un Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) investigó diversas actuaciones del aforado, entonces alcalde de esta localidad, relacionadas con la gestión municipal del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a través de una concesionaria.

El Supremo ha llegado a esta conclusión tras analizar la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de la Laguna, que apreciaba indicios de delito contra Clavijo. El auto de archivo ha sido dictado por una Sala formada por Manuel Marchena, como presidente y ponente, y los magistrados Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro y Susana Polo.

De acuerdo a la exposición del Juzgado, el delito de prevaricación administrativa habría sido cometido por el aforado en relación a la concesión en 2014 por parte del Ayuntamiento de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas, que atravesaba graves problemas de tesorería, y a la prórroga del contrato de concesión, pese a que el interventor de la Corporación presentó reparos sobre ello. Y sobre el delito de malversación, se habría cometido en relación al préstamo, pese a que fue objeto de devolución por parte de la empresa concesionaria que lo recibió.

El Supremo, por el contrario, considera que los hechos descritos en la exposición razonada no permiten la exigencia de responsabilidad criminal del entonces alcalde Fernando Clavijo. El auto recuerda que en el expediente constaba un dictamen encargado a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, en el que, «sin margen para la duda, se reconoce la cobertura jurídica del préstamo para restablecer el normal funcionamiento del servicio y la forma de contabilizar su otorgamiento».

Y por lo que afecta a las garantías que deben asegurar la restitución de ese préstamo, el propio dictamen señalaba que la fianza inicialmente prestada -en el año 2003- para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión, podía servir de garantía de la devolución, añaden los magistrados. Para el alto tribunal, está fuera de dudas la solvencia académica de quienes suscriben el dictamen y su integración documental en el expediente en cuyo marco se habrían dictado las resoluciones prevaricadoras.

«Y ese dictamen es, por cierto, el criterio técnico en el que se apoyan, no ya el aforado, sino la Dirección del Área de Seguridad, la Junta de Gobierno Local, el Teniente de Alcalde, el Alcalde Presidente y los concejales que respaldaron con sus votos las resoluciones supuestamente prevaricadoras», añaden.

Por ello, la Sala manifiesta que no sólo alberga fundadas dudas acerca de que esa resolución colmara el tipo objetivo del delito de prevaricación, «sino que para el caso en que la falta de cobertura jurídica y consiguiente carácter injusto de ese préstamo pudiera llegar a afirmarse, tendríamos que descartar el tipo subjetivo. Los términos del informe de reparo suscrito por la intervención municipal y, de forma inequívoca, el dictamen incorporado al expediente y firmado por los catedráticos de derecho financiero y administrativo, nos llevan a excluir la responsabilidad penal que se atribuye al aforado».

Tampoco entiende que pueda constituir acto prevaricador la decisión de prórroga de la concesión «cuando ya se habían precipitado los negativos efectos contables y económicos de la gestión de la entidad Autogrúas Poli S.L.» y «en el momento de esa prórroga es el propio ayuntamiento el que ha asumido la gestión directa de la retirada de vehículos en la vía pública. En último término –añade el auto–, el 28 de agosto de 2015, la empresa Grúas y Servicios Adeje S.L adquirió la totalidad de las participaciones de la empresa inicialmente concesionaria, canceló deudas por importe de 210.000 euros y asumió finalmente el servicio».

La misma conclusión alcanza el tribunal en cuanto a la inexistencia del delito de malversación de caudales públicos inicialmente imputado. «Descartado el carácter injusto -desde la perspectiva del derecho penal- de la resolución que habilitó la concesión del préstamo a la empresa Autogrúas Poli S.L, se desdibuja esa decisión como vehículo formal de un acto de deslealtad en la custodia de fondos públicos. Pese a que no existe ningún obstáculo conceptual para que pueda afirmarse el delito de malversación sin la previa comisión de un delito de prevaricación administrativa, en el presente caso, la Sala constata la ausencia, no ya de cualquier perjuicio para el patrimonio público, sino del riesgo de que este perjuicio llegara a producirse».

La actuación judicial comenzó en 2017 por una denuncia de concejales de Unidos Se Puede y Por Tenerife Nueva Canarias. El Supremo destaca en su auto que ello exigía una investigación penal de los hechos, pero recuerda que no toda infracción administrativa ni irregularidad u omisión en la tramitación de un expediente constituyen delito de prevaricación, que los magistrados consideran que en este caso no se ha producido.

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Tras las múltiples denuncias de ONDA GUANCHE al Cabildo de Gran Canaria, por ser expléndido en sus TENDERETES, pero rácanos con las familias en situación de precariedad, han decidido que el reparto sea de una caja por menor cada quince días. La caja lleva fruta y verduras, además de un cartón de diez huevos, un queso tierno, un trozo de queso semiduro y seis botes de leche. A veces las reclamaciones hacen saltar los colores de los dirigentes, y recapacitar en sus decisiones partidistas.