El consejero de Ciuca en el Cabildo de Gran Canaria, Daniel Reyes, asegura que el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, «humilla al PSOE de manera nada soterrada», lo cual entiende como la consecuencia de un «amor forzado» entre los socialistas y el partido de Morales, Nueva Canarias, que «han sido obligados a pactar cuando no se entienden». A este respecto, apunta que Morales, «que no Nueva Canarias», tiene unas convicciones «tan férreas que le da igual si son certeras o no».
«Meter» a Raúl García Brink
Como ejemplo de la actitud de Morales señala la «simulación» de un concurso para introducir en la corporación, como director general, al número nueve de la lista de Nueva Canarias, Raúl García Brink, porque «Morales quiere meter a consejeros de calado político». Asegura que han existido presiones desde Nueva Canarias para que el consejero nacionalista y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, dejara el puesto para que entrara García Brink: «Se ha hecho un traje a medida para que entre el número 9 de Nueva Canarias», afirma Reyes, que lo considera una forma de «reírse de los grancanarios».
Está convencido de que Teodoro Sosa va a ocupar un puesto relevante en Nueva Canarias y que Antonio Morales «sobra en la organización por su dogmatismo». Considera que el mantenimiento del pacto en el Cabildo con el PSOE se debe a que Morales tiene un mayor diálogo con el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, pero le resta mérito porque «Ángel Víctor es una persona con la que es fácil dialogar».
Responsabilidad penal en Amurga
Reyes señala que el denominado ‘caso Amurga’ continúa su tramitación contencioso-administrativa en los juzgados, en los que se dirime su posible nulidad. Señala que es obvio que cuando el Cabildo compró el terreno de Amurga sabía que estaba comprando algo que ya era suyo, como, a su juicio, lo ha señalado la jefa de los servicios jurídicos del Cabildo.
Señala que si el Cabildo paga un solo euro a los vendedores de los terrenos se abriría la posibilidad de la vía penal, algo que, en su opinión, es fácil que suceda, porque el Cabildo tiene un acuerdo firmado administrativamente con los vendedores y estos pueden reclamar el pago. Apunta que aún hay que averiguar «muchas cosas» durante el proceso contencioso y lamenta que no solo se haya intentado hacer «un pelotazo», sino que el nombre de Amurga se ha estigmatizado «y la gente lo recordará por la corrupción».
«No queda ni el ujier»
Sobre la situación en el municipio grancanario de Telde, señala que ha habido «mil casos» que superan las cantidades del caso Faycán y lamenta que, aunque se haya superado el proceso de judicialización constante que afectaba al municipio, haya quedado «gente tocada por el acoso mediático y judicial». Asegura que si la judicialización hubiera comenzado años antes, «en la época de la anterior Nueva Canarias», cuando existían «escándalos», «no queda ni el ujier».
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