Día: 8 de mayo de 2019

Telde está de enhorabuena, vaya por delante las buenas noticias. Telde es un municipio con un litoral más que envidiable, con unas playas dignas de elogiar.

Recordar, que hace unos años el concejal socialista David Halabby hizo una labor bastante destacada en las playas de Telde. Le precedió en el mandato siguiente, la concejala más popular y trabajadora que ha tenido Telde María González Calderín poniendo las playas y el litoral teldense en el lugar que se merece, con muchas y acertadas iniciativas, a quién se debe las distinciones de las banderas azules que siguen disfrutando un año más nuestras playas.

La necesidad de devolver el Gobierno de la isla a los grancanario tiene una destacada incidencia en Telde y en Santa Lucía de Tirajana donde por primera en la historia política tres partidos diferentes pedirán el voto para el candidato independiente por PP-AV el líder político carismático, Marco Aurelio Pérez Sánchez: El Grupo Centrista Canario de Paco Valido, Ciudadanos para el cambio y el Partido Popular.

El pasado lunes Podemos Telde publicó en sus redes sociales un post de apoyo a Holger Peña, quien fue despedido de su puesto de trabajo por la empresa Liteyca, en una actuación por la que CCOO ha mostrado su total repulsa y ha calificado públicamente de “una clara persecución sindical y como elemento para amedrentar a la plantilla de cara a las próximas elecciones sindicales en Gran Canaria”.

En dicho post Podemos afirma que es una vergüenza que David Guerra esté incluido en la candidatura de Juntos por Telde al Ayuntamiento ya que en un primer momento se informó por error de que David Guerra era el propietario de la empresa, dato que se rectificó en el propio post antes de 24 horas con el siguiente texto “Ayer se informó por error de que David Guerra de la candidatura Juntos por Telde era propietario de Liteyca. No es así. Sin embargo los trabajadores lo señalan como el colaborador necesario para este despido.”

“Desde Podemos nos hacemos eco de la lucha de los trabajadores, quienes nos han informado que Liteyca, empresa proveedora de Movistar, incumple el convenio laboral, no actualiza las tablas salariales y que desde hace años que no se renueva el Comité de Empresa, comité que preside David Guerra, candidato de Juntos por Telde” afirma Diego Flores Sáez, secretario general de Podemos Telde, “seguiremos llamando explotadores laborales a quienes incumplen la legislación laboral y crean precariedad y pobreza, y Liteyca es una de esas empresas. Sin olvidar que son los mismos trabajadores los que señalan a David Guerra como el colaborador necesario para este despido y otros incumplimientos laborales”.

Ante esta situación, “manifestamos públicamente nuestro apoyo a Holger Peña y al resto de los trabajadores de Liteyca en su lucha por un empleo digno y por exigir que se cumplan sus derechos laborales y sindicales”, afirma Esther González Santana, candidata de Unidas Podemos al Ayuntamiento de Telde.

En cuanto a la afirmación de Liteyca de que se trata de un despido disciplinario, es algo que decidirán los tribunales, pero no sería la primera vez que los tribunales echan para atrás un despido disciplinario de la empresa según los trabajadores.

En un reciente pleno municipal de Telde, se preguntó a la concejala de Urbanismo sobre la problemática que están teniendo los vecinos del Lomo de Taliarte para acceder a internet mediante fibra óptica. La concejala alegó en su respuesta que “Telefónica pretende que le ampliemos el plazo pese a que la ley no nos lo permite”. El plazo al que alude en su respuesta es de 5 años, el cual aparece en una resolución de febrero de 2018.

Consultada la veracidad de esta afirmación a abogados especialistas en Telecomunicaciones, la respuesta que hemos obtenido es la siguiente:

“No es cierto que la Ley no permita una mayor duración de la autorización de uso de infraestructuras municipales.

Basta leer la propia autorización temporal otorgada por el Ayuntamiento de Telde, para comprobar que el plazo de 5 años no viene estipulado en ninguna norma que resulte aplicable al caso. En concreto, el Ayuntamiento selecciona un plazo de la Ley General de Telecomunicaciones que se aplica a una parte de las concesiones de espectro radioeléctrico, es decir, el espectro que gestiona el Gobierno de España para la telefonía móvil, nada que ver con el supuesto que nos ocupa. “

Por tanto, la afirmación de la concejala en el pasado pleno, según los abogados consultados, es falsa, no es cierto que el ayuntamiento no pueda ampliar el plazo porque haya una ley que así lo estipule.

Los vecinos de Lomo Taliarte estamos cansados de esperar para recibir el servicio de fibra óptica. La urbanización dispone de una canalización de telecomunicaciones. No existe ningún inconveniente legal ni técnico. Pero la canalización lleva meses desocupada y como consecuencia nos vemos privados de este servicio fundamental para nuestro trabajo o estudios. Realmente resulta paradójico que, a pesar de los meses que lleva construida esa canalización, aún no hayamos podido disponer del servicio en nuestros domicilios.

La situación actual es mala para todas las partes. El ayuntamiento tiene el control de unas canalizaciones que nadie usa, por lo que de persistir la situación actual, básicamente es tirar las mismas a la basura. Telefónica no presta el servicio, y por tanto, no ingresa nada. Y los más perjudicados, los vecinos, que sin que hayan tenido culpa alguna en este embrollo, no pueden acceder a internet.

Creemos que en esta situación existe una responsabilidad del Ayuntamiento. El Ayuntamiento debería tener como objetivo eliminar todos los obstáculos y crear las condiciones para que los ciudadanos dispongan de los servicios necesarios. Si la intervención municipal tiene como resultado que los ciudadanos se ven privados de dichos servicios, entonces es que algo funciona mal. En lugar de proporcionar una solución a los vecinos, se ha enrocado en una posición que claramente perjudica a todas las partes.

Telefónica no va a invertir en cableado de fibra si no tiene el plazo suficiente como para tener beneficios, así funcionan las empresas privadas. Los vecinos no podemos hacer nada que solvente el problema. El organismo que tiene en su mano solventar el problema es el Ayuntamiento. Sin embargo, por motivos que escapan a nuestro entendimento, no he ha hecho nada por ayudar a los vecinos de Lomo Taliarte…..

Saludos,

Grupo de Vecinos de Lomo Taliarte

El fiscal solicita una condena de ocho años y seis meses de prisión y 10 de alejamiento de la victima para un hombre de 35 años acusado de un delito continuado de abusos sexuales en 2015 a una menor de edad que contaba con 15 años en el periodo de los hechos investigados. También le impone las costas del juicio y una indemnización de 5.000 euros por daños morales.

El encausado había conocido a la chica un año antes en el chat del juego virtual Monster warrior y en mayo del siguiente contactaron en persona y los abusos sexuales denunciados se produjeron en Jinámar en cuatro ocasiones, una de ellas en el domicilio de la chica.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebra este miércoles el juicio, tramitado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde por la presunta comisión de este delito por Isaac S. G. N. y que tiene prevista una duración de un día.

En el escrito de Fiscalía se expone que el procesado, nacido el 17 de junio de 1983 y sin antecedentes penales, «conoció en el mes de octubre de 2014 en el chat del juego virtual Monster warrior a una chica de 15 años de edad, con quien mantuvo un contacto únicamente virtual hasta fecha no determinada del mes de mayo de 2015, en el que se vieron por primera vez en un lugar solitario de la vía pública, concretamente en unas escaleras del edificio de las oficinas municipales del barrio de Jinámar, partido judicial de Telde».

Abuso sexual continuado

En el relato del fiscal se indica que «ya desde de las conversaciones online entre el procesado y la menor y, con total seguridad desde el momento en que ambos se vieron por primera vez, el procesado fue consciente del retraso madurativo e ingenuidad social que presentaba la menor, quien tiene reconocido un grado de discapacidad intelectual del 41 por ciento, que limita su capacidad cognitiva y le priva de la capacidad para el ejercicio libre de la autodeterminación sexual».

Sin embargo, se continúa en el escrito de acusación de Fiscalía, «pese a ello el procesado, en esa primera ocasión y en otros tres encuentros más que tuvieron lugar en el mismo lugar en dos ocasiones y en el domicilio de la menor en otra ocasión, con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, mantuvo con [la víctima] relaciones sexuales con penetración vaginal».

La Fiscalía expone que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales, previsto y penado en los artículos 181.1, 2 y 4 en relación con el artículo 74.1 y 3 del Código Penal español, expone en la segunda de sus conclusiones provisionales. En la tercera, indica que responde el acusado en concepto de autor con arreglo a los artículos 27 28 del Código Penal.
El fiscal, ante estos hechos, solicita que se imponga la pena de ochos años y seis meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Asimismo, propone para el acusado «la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 10 años».

Prisión y alejamiento

La solicitud de pena a Isaac S. G. N. la amplía Fiscalía a que, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código Penal la prohibición de aproximarse a [la víctima] a su domicilio, lugar de estudios o trabajo y a cualquier lugar frecuentado por ésta a una distancia inferior a 500 metros, así como de comunicarse con el mismo por cualquier medio durante un tiempo de 10 años».
Asimismo, reclama para el procesado medidas de libertad vigilada la prohibición de acercarse a la menor a menos de 500 metros por un tiempo de 10 años, el mismo periodo de tiempo para comunicarse por cualquier tipo de medio con ella, imponerle la costas del procedimiento y una indemnización de 5.000 euros a su víctima por los perjuicios morales causados.

La Provincia-Dlp