La compra de las tierras de la familia de Román Rodríguez en el Macizo de Amurga tuvo prioridad sobre otros 96 espacios ofertados por sus propietarios a la Bolsa Insular de Fincas Rústicas y el metro cuadrado se ha pagado a 0,87 euros, un 75% más del baremo fijado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que es de 0,50 euros por metro cuadrado. El precio que puede subir por la accesibilidad, la facilidad de repoblación o que sean terrenos colindantes con otros de titularidad pública.
¿Es casualidad que las primeras fincas que compra el Cabildo por el sistema de la Bolsa Insular sean precisamente de la esposa y de la familia del líder del partido que gobierna en la corporación insular? ¿Es posible que nadie en el gabinete de Antonio Morales reparara en que el representante de los vendedores, José Victoriano González, es el cuñado de Román Rodríguez y persona muy conocida por la organización de Nueva Canarias (NC) en Santa Lucía de Tirajana?
Estas son las interrogantes que han quedado en el aire tras desvelarse que el gobierno insular aprobó el pasado 28 de diciembre la compra de tres fincas de familiares directos de Román Rodríguez por 4,06 millones de euros. Y otra pregunta más que se hacen algunos grupos de la oposición del Cabildo: ¿es prioritario gastar sumas millonarias para comprar terrenos que ya están suficientemente protegidos por las leyes de espacios naturales, como es el caso de Güigüí, la próxima adquisición que prevé el Cabildo, o las propias fincas del Macizo de Amurga, que están dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, catalogadas como Zona de Especial Conservación y Parque Natural cuando se apruebe el nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria?
Desde febrero de 2018, en que se aprobaron las bases que regulan la Bolsa de Fincas Rústicas, el Cabildo recibió 96 propuestas de terrenos en toda la Isla. En el mes de julio se realizó una primera criba y, «por motivos de operatividad», se decidió admitir solo las ofertas incluidas en las siete zonas de alto interés, que son el Corredor del Pinar de Tirajana y Amurga, en entorno de la finca de Osorio, Medianías de Gáldar y Guía,el Corredor Los Tiles de Moya-Barranco Oscuro, Corredor Inagua-Roque Nublo, Medianías de Telde-Ingenio-Agüimes-Santa Lucía y Cuenca alta del barranco de la Mina.
Se excluyeron de la compra todas las ofertas de terrenos en las zonas de interés medio, los corredores entre pinares de Cumbre, Tirajana, Inagua y Tamadaba. Así, el 24 de julio de 2018 el Servicio de Patrimonio emite el listado de admitidos y excluidos, donde solo quedan siete propuestas. Después, el Servicio de Medio Ambiente deja fuera a dos de ellas por no cumplir los requisitos básicos e invita a los propietarios de las otras cinco a presentar sus ofertas iniciales de venta, dentro de los baremos de 0,50 euros el metro cuadrado.
Finalmente se presentaron ofertas por tres fincas, las de Pico Viento (89 hectáreas), Los Peralillos (23) y Amurga (466,5), y se inició la fase de adquisición por parte del Servicio de Patrimonio. La razón de que se aprobara la compra de Amurga antes que las otras dos fue que sus propietarios tenían la documentación más avanzada, según han explicado el consejero de Hacienda, Pedro Justo, y fuentes del área de Medio Ambiente.
La compra se decidió en un consejo de gobierno urgente el 28 de diciembre para que los 4,06 millones de euros computaran como ejecutados en el Presupuesto del año 2018. Al portavoz de Podemos en el Cabildo, Miguel Montero, no le convence ese argumento. «Si la intención era aumentar el bajo nivel de ejecución, lo lógico es que hubieran comprado también las otras dos fincas seleccionadas», declaró ayer.
Respecto al precio, se aumentaron los 0,50 euros por metro cuadrado a 0,87 euros por la accesibilidad y la facilidad de repoblación, pues las fincas de la familia de Román Rodríguez no cumplen el requisito de estar ubicadas junto a otros terrenos del Cabildo. En Güigüí se ha anunciado que se pagará un euro por metro cuadrado al empresario Jaime Cortezo, el doble de lo habitual, pese a ser un espacio natural protegido y tener una complicada accesibilidad. Esa operación costará al Cabildo otros tres millones de euros.
El expresidente del Cabildo y actual portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, no solo cuestiona el «oscurantismo» sobre las fincas de Amurga, sino otras adquisiciones previstas por Morales, como el suelo del Estado en el polígono industrial de Arinaga por 35 millones de euros.
Patrimonio
«Habría que analizar para que quiere el Cabildo más terrenos, pues ya es propietario de más del 12% de la superficie de la Isla; yo siempre defendí que se fuera haciendo alguna adquisición patrimonial, por ejemplo en Osorio, y en mi mandato se compró una finca que estaba unida a ese espacio natural para aumentarlo, pero es una mala política comprar cosas dispersas, un cacho aquí y un cacho allá; y encima, según nos quieren convencer ahora, sin saber quienes son los propietarios, lo que es muy sospechoso», comentó Bravo de Laguna.
Pese a las críticas por parte de toda la oposición y la posibilidad de que haya otros propietarios que se sientan perjudicados y acudan a los tribunales, tal como apuntó el propio Román Rodríguez en su comunicado exculpatorio, el gobierno de Antonio Morales ha anunciado que seguirá adelante con la compra y en unas semanas se formalizará ante notario.
La familia del líder de NC, su esposa y sus cinco cuñados, cobrarán un total de 2.034.320 euros, repartidos en 339.053 euros cada uno. El resto del dinero, hasta los 4.068.640 euros, se divide entre los otros 16 propietarios de las tres fincas, también beneficiarios de una herencia familiar, en cantidades que oscilan entre los 370.839 y los 37.672 euros.
Tanto Román Rodríguez como Antonio Morales y los demás miembros del gobierno insular aseguraron el viernes que desconocían que los vendedores eran esos familiares.
La Provincia-Dlp
