El grupo Turcón-Ecologistas en Acción acusó este jueves al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de beneficiar a los empresarios del Siam Park con el dinero público destinado a la rotonda de El Veril y manifestó que «no se entiende que el crédito de una persona entendida, razonable y progresista se juegue a la carta del ultraliberalismo que expresa en su última comparecencia».
En un comunicado de respuesta a Morales, en el que denuncia «la indecencia en el urbanismo liberal», Turcón sostiene que la polémica que envuelve las obras del Consorcio Turístico de Maspalomas en la zona de El Veril, denunciadas por este colectivo en la Fiscalía Anticorrupción y que han dado origen a una investigación del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, «ha venido a poner de manifiesto cómo, tras el argumento de que son los empresarios los únicos que generan riqueza en este país, se esconde un verdadero traspaso de recursos públicos hacia los promotores de lo que ha venido en llamarse obras emblemáticas, al servicio de los cuales se ponen la totalidad de los antecedentes y de los valores de nuestro territorio».
Turcón reprochó que el presidente del Cabildo niegue la existencia de irregularidades en las obras de El Veril sin ni siquiera esperar a los informes que ha pedido la Fiscalía a los técnicos del Consorcio y consideró que «va a ser difícil justificar» que, para ejecutar una rotonda, sea necesario desplazar 1.100 metros lineales de tuberías de saneamiento y pluviales que van a costar al erario público más de 800.000 euros, ni que se destinen 3,1 millones de euros a una glorieta de acceso al futuro parque acuático (aunque en la adjudicación de contrato se redujo esa cifra a 2 millones).
Esa rotonda, según los ecologistas, rompe el nudo actual, que nunca presentó conflictos de tráfico hasta este momento, precisamente por dichas obras, y también pone en riesgo la localización de la estación del tren de Playa del Inglés y con ello de la totalidad de la línea férrea de Las Palmas de Gran Canaria a Maspalomas. «En opinión de Cabildo, todo esto se puede soportar y se debe pagar con dinero de todos», apuntó Turcón.
«Frente a los argumentos que hemos sostenido», subrayó en su escrito, «que aprecian la existencia de desviaciones de dinero público a favor del empresario del pretendido parque acuático, y sin esperar a que sean los tribunales de justicia los que, tras el estudio de aquellas pruebas presentadas, dictaminen la legalidad de lo denunciado, periodo en el cual las administraciones deberían mantener una posición de prudencia, sin perjuicio de recabar cuantos informes estimen necesarios en apoyo a las decisiones, el Cabildo de Gran Canaria se ha apresurado a expresar la legalidad de la operación sin mayores razones que el argumento de lo digo yo y basta; resulta de una imprudencia arriesgada confirmar la regularidad de la ejecución antes de disponer de esos informes».
A juicio de los ecologistas, «más llamativo aún es que el presidente del Cabildo, que se suponía que tenía un interés en la defensa de la Isla y de los recursos públicos, adopte la defensa numantina de este negocio que proviene de las decisiones del grupo de gobierno anterior, del Partido Popular (PP), sin cuestionarse ningún aspecto de las demandas en contra del mismo que se han producido en este tiempo; parece claro el pliegue a los intereses sectoriales, o está fatalmente asesorado».
Turcón propone reflexionar sobre «lo indecente que puede llegar a ser el utilizar el urbanismo como defensa de particulares y en contra de nuestro escaso espacio insular y el alegre uso de recursos empleados en este proceso, por más que se quiera disfrazar de mejora de las condiciones económicas».
Los ecologistas criticaron que las administraciones públicas «se empecinen» en colocar un parque acuático en el cauce de un barranco propiedad de todos, quitando una estación del tren cuyo proyecto ya se había pagado con dinero público y sin explicar de dónde se va a sacar el agua para tanta diversión en el municipio más necesitado de agua de la Isla. «Esta maniobra revienta dos décadas de trabajos para la ordenación de este territorio y pone al servicio de un negocio privado los recursos de toda la ciudadanía», concluyó Turcón.
La Provincia-Dlp
