La fiscal Teseida García ha sostenido este martes que los hechos que imputa a los diez guardias civiles a los que acusa de exigir sobornos a pasajeros africanos para hacer la vista gorda del dinero y alimentos que pretendían introducir en España por el aeropuerto de Gran Canaria en 2008 suponen un caso de corrupción «muy grave».
En la primera sesión del juicio que se celebra ante la Audiencia de Las Palmas, García ha advertido al Jurado del caso que se trata de hechos «muy graves» porque a estos agentes el Estado había confiado la seguridad para evitar el blanqueo de capitales y que entraran alimentos en mal estado o que pudieran causar peligro.
La fiscal ha considerado que estos agentes se han aprovechado del poder y de su uniforme, y ha insistido en la gravedad de los hechos, independientemente de las cantidades de dinero que recibieran de los pasajeros como soborno, que oscilaron entre los 20 euros y los 1.500 euros, como espera acreditar durante el juicio.
Dos de estos pasajeros que pagaron supuestamente los sobornos se sientan en el banquillo de los acusados por presuntamente haber pagado 50 euros a los guardias civiles, mientras que los otros cuatro pasajeros extranjeros imputados no comparecen en esta vista (tres están en busca y captura desde hace tiempo y una, Yamila C., no ha acudido este martes al tribunal).
En las dos semanas que está previsto que dure el juicio, tambien debía estar en el banquillo otro guardia civil, si bien a éste la fiscal le ha retirado la acusación al haber prescrito el delito de hurto que le atribuía.
La fiscal solicita penas que oscilan entre los 18 años de prisión, en el caso más grave, hasta los dos años de inhabilitación profesional y multa, en el más leve, en relación a los delitos que advierte de amenazas, cohecho y falsedad de documento público documental.
En su alegato al Jurado, García ha explicado que «hay suficientes indicios» incriminatorios contra los acusados, a raíz de la investigación se inició después de que un viajero que traía 30.000 euros denunciara ante la Guardia Civil, el 31 de enero de 2008, que un agente del aeropuerto le había exigido 2.000 euros para pasar el control fronterizo.
Según la fiscal, los agentes, que recibieron también alimentos como dávidas, amenazaban a los pasajeros si no les daban lo que les exigían y cuando lograban dinero no cumplían debidamente con las normas de control que debían seguir y falsificaban los documentos que debían cumplimentar.
Ha dicho que al denunciante del caso no se le acusa debido a que gracias a su denuncia se pudieron investigar estos hechos ocurridos hace nueve años y que se juzgan ahora debido a que la «ley procesal española es lenta y antigua», pero también a que ha habido «un abuso del derecho de defensa» para dilatar el proceso, ha mantenido García.
Los abogados de los doce procesados solicitan la absolución de sus defendidos, pues niegan los hechos o no están conformes con los mismos o incluso mantienen que ni siquiera estaban de servicio ese día o en el puesto de control de pasajeros, por lo que, en estos casos, han solicitado al Jurado que corrija los «errores» cometidos por el Ministerio Fiscal.
El letrado del agente Miguel M.O. ha calificado de «temeraria, grave e incorrecta» la acusación que pesa sobre él y otros de los abogados defensores creen que la fiscal ha actuado a modo de «ola gigante que arrastra todo lo que coge a su paso», sin fundamento y con desconocimiento sobre las normas que rigen el control de los pasajeros.
Uno de los letrados ha incidido en que no se ha producido el delito de falsedad porque la cantidad de dinero declarada por los viajeros es la que figura en el documento que debían de rellenar los agentes y en toda la causa no se ha detectado ningún caso en el que esas cantidades difieran.
Además, varios de los abogados han hecho hincapié en la debilidad de la prueba acusatoria basada en la cámara que se instaló para vigilar a los guardias civiles, pues cubría una zona muy reducida de la oficina, y han rechazado la tesis de la fiscal de que se han refugiado en los recursos para dilatar la causa.
El letrado que representa a los pasajeros Salem A.A. y Mahjob A.B., que se enfrentan a un 1 año de cárcel y al pago 25 y 50 euros de multa, respectivamente, por delitos de cohecho, ha destacado que en sus países su proceder es el habitual y que entregaron esos billetes como pago de «una tasa».
