En el Ayuntamiento reinaba ayer la confusión. El propio gobierno andaba un poco desorientado. Y entre trabajadores y políticos se desataron las especulaciones sobre el alcance del informe llegado desde Madrid y que exige cumplir el plan de ajuste aprobado en 2014. Por cierto, ese plan obliga a subir la tasa de basura antes de 2018.
Si hay algo que ha puesto de manifiesto el informe que remitió días atrás a Telde el Ministerio de Hacienda es que, dado que ahora el Ayuntamiento tendrá que contar antes con el visto bueno de Madrid para aprobar sus presupuestos, el Estado le vigilará con lupa para que cumpla aquello a lo que se comprometió el gobierno anterior cuando aprobó el plan de ajuste de 2014. El Gobierno central le autorizó a ampliar de 10 a 20 años el plazo de amortización de los créditos ICO de 2012 y 2013 a cambio de una serie de condiciones y, entre ellas, una era clara y de obligado cumplimiento. Exigía que «al cuarto año desde la aprobación del nuevo plan de ajuste revisado, los servicios públicos que preste se autofinancien con tasas y precios públicos». Es decir, obliga, por ejemplo, a subir la tasa por el servicio de la basura, ahora de 30 euros al semestre (10 euros cada dos meses) antes de 2018.
Esta medida pone en aprietos al gobierno que preside Carmen Hernández, que heredó este plan de ajuste, pero que tendrá que cumplirlo. La alcaldesa ha dicho por activa y por pasiva que no subirá los impuestos y en este plan, que es de obligado cumplimiento, Telde se comprometió a «que en caso de exista déficit» entre lo que cuesta el servicio de recogida y lo que pagan los vecinos para costearlo, «se actualizará la tasa hasta su definitiva corrección siempre antes de 2018».
PENDIENTE DE INTERVENCIÓN
Pero antes de decidir cuándo sube esa tasa y cuánto, el tripartito habrá de ver cómo cumple la exigencia última de Madrid, que le obliga a recortar un 5% los gastos de funcionamiento del presupuesto municipal, 4 millones de los capítulos 1, el de personal, y 2, el de bienes y servicios. La alcaldesa anunció ayer en la Junta de Portavoces que pedirá cita con Madrid a través de la Delegación del Gobierno para aclarar dudas y ver qué puede hacer.
Canarias7