Día: 2 de febrero de 2016

Los vecinos que denunciaron una presunta estafa en la venta de los dúplex afectados por una orden de derribo en la urbanización de Hoya Pozuelo, ubicada en el municipio grancanario de Telde, apuran en el Tribunal Supremo su última bala por la vía penal mientras aguardan la resolución de los pleitos civiles que mantienen abiertos.

El alto tribunal español rechazó en noviembre el recurso de casación interpuesto por 17 afectados contra  la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que en marzo absolvió a los procesados, el promotor de la empresa, Jaime Cortezo, y la gerente, Juana Rosa Fuentes. Ahora, tres recurrentes han presentado un incidente de nulidad contra esta resolución judicial al considerar vulnerados sus derechos fundamentales en el proceso y cuestionar la neutralidad del ponente de la misma, el magistrado canario Manuel Marchena.

Los vecinos que han iniciado esta acción son Julián Téllez y el matrimonio formado por Antonio Antón y Clotilde Saavedra, que pertenecen al último grupo de compradores de las viviendas de la promoción de Hoya Pozuelo. La abogada de estos afectados, Mónica Pérez, expone en su escrito que el auto que inadmite el recurso está firmado por Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, y no por Andrés Palomo del Arco, que fue designado ponente en julio de 2014, cuatro meses antes de su resolución.

«No es hasta la notificación del auto (de inadmisión del recurso de casación) cuando las partes tienen conocimiento de la alteración de la composición de la Sala y del ponente», explica la letrada, que sostiene que, al «omitir la obligada comunicación a las partes» de esta modificación, el Supremo ha privado a sus clientes del derecho de poder ejercitar la recusación del juez, fundada en «la relación personal y cercana» que, asegura, le une al promotor inmobiliario Jaime Cortezo.

Esta acusación particular considera que, si bien no puede hablarse de «una amistad íntima» entre el juez y el empresario, sí que concurren «causas objetivas que debieran valorarse» para determinar la recusación de Marchena por falta de imparcialidad. Y es que, según reza el escrito, «Jaime Cortezo no es un desconocido para Manuel Marchena», puesto que ambos mantienen «una relación personal que se remonta a la infancia», habiendo sido «alumnos coetáneos» en el colegio San Ignacio de Loyola de la capital grancanaria. Esta situación, sostiene la abogada, genera «indefensión jurídica» a sus clientes.

Monica Pérez había solicitado que, por los motivos expuestos, no fuera Marchena quien resolviera el denominado incidente extraordinario de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo constitucional. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha notificado recientemente a las partes que el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal volverá a ser el ponente del nuevo auto que se dicte.

Un fallo «arbitrario e incongruente»

Además de estas cuestiones relativas a las garantías procesales, el escrito de los afectados de Hoya Pozuelo cuestiona los argumentos esgrimidos por la Sala para desestimar el recurso. Según la abogada, del auto del Supremo se desprende que la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Las Palmas es «causa per se» para inadmitir la casación. Con este criterio, basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la mencionada resolución «parece resultar inatacable», en opinión de Pérez, que defiende que esta fundamentación «excede de los límites legales toda vez que no existe proscripción legal alguna que vede el acceso a los recursos cuando la resolución dictada fuera absolutoria».

En su auto, el magistrado Marchena sostiene que la sentencia de la Audiencia Provincial había valorado de forma «ejemplar» todas las pruebas aportadas por las acusaciones particulares para concluir que no hubo engaño en la venta por parte de la promotora de Hoya Pozuelo de las viviendas afectadas por un expediente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias por invadir la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas, una situación administrativa que finalmente condujo a la orden de derribo.

Por otra parte, el incidente de nulidad recuerda que no se pudo recurrir en apelación -previo al de casación-, ya que la sentencia de primera instancia es de la Audiencia Provincial, e insiste en que la revocación de un fallo absolutorio «es viable» aún respetando la jurisprudencia del Constitucional, como acredita con una resolución dictada por el propio Marchena. Los recurrentes consideran que el auto del Supremo es «arbitrario», puesto que «no entra en el estudio de los (siete) motivos del recurso», e «incongruente», ya que manifiesta que los afectados invocaron el derecho a la presunción de inocencia cuando, según la letrada, en ningún momento se aludió a él en su argumentación.

El auto del Supremo redunda en que los compradores de las viviendas de Hoya Pozuelo fueron informados del estado del expediente sancionador de la Apmun, una postura que comparte la Fiscalía, que también solicitó la inadmisión del recurso de casación. A este respecto, el incidente de nulidad subraya que Téllez y el matrimonio Antón-Saavedra adquirieron los inmuebles «cuando ya habían sido dictadas sentencias firmes en derecho que ratificaban la orden de derribo de dichas viviendas, años después de que finalizara el espediente sancionador».

«La pretendida información que decían dar los acusados», continúa el escrito, «hubiera tenido nula relevancia en el caso de las dos compraventas de mis representados, salvo que se les hubiera dado la información real y certera de que las viviendas objeto de venta estaban afectas a una orden de derribo firme en derecho e irrevocable».

Estos denunciados pedían ocho años de cárcel y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros para Cortezo, además de su inhabilitación para el ejercicio de actividades inmobiliarias. Para Fuentes soclicitaban cuatro años de prisión y una sanción económica de 12 meses con una cuota de 100 euros al día. Además, el matrimono formado por Antonio Antón y Clotilde Saavedra reclamaba una indemnización de 784.661 euros y Julián Téllez, una de 603.729 euros.

En su auto de inadmisión, el Supremo condenó a los recurrentes al pago de las costas procesales.

Eldiario.es

La torreta del viaducto de San José de Las Longueras sirve de soporte para cables de conexiones eléctricas, pero no son precisamente luces las que le ha puesto el Ayuntamiento a la gestión de este expediente. El puente abrió en 2011 y el artilugio sigue allí, cuatro años después, en medio de un carril. Este gobierno quiere negociar ya su traslado.

La obra ya terminó con mal pie. Tras numerosas vicisitudes, que dilataron cuatro años la ejecución de un proyecto que sobre el papel debía durar 8 meses, el viaducto de San José de Las Longueras abrió parcialmente al tráfico en septiembre de 2011. Y lo hizo así, parcialmente, porque nadie debió darse cuenta de que   había una torreta de luz plantada en mitad de uno de los dos carriles del sentido casco-Las Longueras. Entonces se dijo que se pondrían las calderas a toda máquina para acelerar los trámites para expropiar el suelo necesario para trasladar el artilugio.Pero de eso hace ya más de cuatro años. Ha dado tiempo incluso a que el Cabildo cierre los ojos y haya autorizado al menos el uso del único carril de ese sentido que queda libre. Esa apertura, que se dijo que era provisional, data de marzo de 2015 y, sin embargo, la torreta, perenne, sigue en su sitio. No hay quien la mueva.

El edil de Urbanismo, Juan Francisco Artiles, que gestiona el departamento de Expropiaciones, se ha puesto como objetivo darle un empujón a este expediente. Ha iniciado las gestiones para contactar con la propiedad, que siempre se dijo que estaba muy atomizada, con más de 30 dueños, y su propósito pasa por explorar primero una vía de acuerdo. La expropiación solo sería un último recurso. Artiles cree que el suelo que haga falta no supere los 25 metros cuadrados.

Para darle este empujón, ha decidido rescatar un proceso y una tramitación que, al menos sobre el papel, estaban en manos del Cabildo. En un pleno de julio de 2013 el Ayuntamiento de Telde aprobó la caducidad del expediente de expropiación que el propio Consistorio había iniciado para poder delegar así al Cabildo los trámites necesarios para la obtención del suelo. Se aseguró que la institución insular contaba con un organismo que aceleraba estas gestiones, pero lo cierto es que Telde no mandó el expediente al Cabildo hasta marzo de 2015, dos años después.

Canarias7

El fuerte olor que existía en un edificio de viviendas de la calle Luján Pérez, en San Gregorio, en la ciudad de Telde, fue el motivó que alertó a los vecinos de que algo no iba bien. Los Bomberos del Consorcio abrieron la puerta del piso y encontraron, junto a las policías Nacional y Local, el cadáver de un varón de entre 40 y 45 años. Llevaba varios días fallecido. Por ello, los policías nacionales iniciaron una investigación, a la espera de la autopsia del forense, para esclarecer lo sucedido. 

La Provincia-Dlp

El área de Participación Ciudadana, que coordina María Luisa Dávila (MxT), ha dado a conocer este lunes, mediando los medios de comunicación, la delegación de los seis distritos de Telde a diferentes concejales del gobierno municipal. Unidos por Gran Canaria “lamenta que el pacto haya tardado siete meses en configurar una simple delegación, ya que no se ofrece nada nuevo”. Norberto Melián, concejal de UxGC, añade que “es una pena que sea ahora cuando los concejales del gobierno comiencen a reunirse con los colectivos sociales de los barrios en una mesa de coordinación”. 

Melián añade que “la información del pacto es casi nula, ya que solo se publicita al concejal de distrito y no se le indica al ciudadano la manera de contacto o simplemente el lugar físico de las oficinas de barrios”. Para más inri “la web municipal sigue sin actualizarse, y muestra al ciudadano los concejales de distrito del gobierno anterior”.

UxGC invita al gobierno municipal a “dar a conocer la hoja de ruta de Participación Ciudadana y a poner en marcha todos los mecanismos y órganos sociales del municipio, catalogado desde hace diez años como Gran Ciudad”.

Una de las cosas buenas que dejó el gobierno anterior fue la activación y puesta en marcha de las juntas municipales de Distritos, en cumplimiento con la ley de grandes ciudades. El nuevo gobierno no lo podía tener más fácil. Llegaron con la mesa puesta y la comida caliente. Y sin embargo han transcurrido casi 8 meses y ni siquiera han sido capaces de cambiar los nombres de los concejales de Distritos, manteniendo por ejemplo a la concejala popular, Maria Inmaculada González Calderin como la responsable del Distrito costa.

Esto es el acabose de Participación Ciudadana, una Concejalía tarambana, en la misma línea de flotación y «modus operandis» de un gobierno que abanderaba la transparencia y la participación ciudadana, como grandes objetivos. Con suerte, nos habrá costado un año reactivar los Consejos de Distritos.

Hace un año que nos dejó el periodista de raza, Adolfo Santana. Me cabe el orgullo de haber estado con Adolfo no sólo en sus momentos de gloria sino también en su etapa de dolor, hasta que nos dejara, hace ahora un año. Y saber por Nieves su mujer, que le alegraba mis visitas periódicas a su casa en la que nos reíamos de lo lindo.