El actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y portavoz de Más por Telde en la corporación, Juan Francisco Artiles, ha decidido personarse como acusación particular en una de las causas en las que se encuentra imputada María del Carmen Castellano (PP). En concreto, en la que investiga si la exalcaldesa incurrió en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y desobediencia a la autoridad al autorizar el pago de una indemnización de 13,2 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a una línea de crédito ICO (Instituto de Crédito Oficial) reservada al plan para saldar las deudas con los proveedores del Consistorio.
En este caso que instruye la magistrada Virgina Peña, titular del Juzgado número 2 de Telde, también se encuentran imputados Enrique Orts, exinterventor del Ayuntamiento; Francisco López, concejal de Urbanismo en la época de los hechos denunciados (2012); Ángel Sutil, secretario municipal; el empresario Ambrosio Jiménez, y José Luis Mena, ex jefe de Urbanismo y de Recursos Humanos en el Consistorio. Este último cumple actualmente una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de falsedad documental en el caso Los Alisios y se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique la condena de seis años y diez meses de cárcel por cohecho y falsedad en el caso Grupo Europa.
Juan Francisco Artiles, que fue el denunciante del caso ante la Fiscalía, ha decidido dar el paso de personarse como acusación particular, una decisión que llevaba meditando desde el inicio del proceso, para «defender los intereses de los ciudadanos» de Telde.
El actual concejal de Urbanismo ha explicado a este periódico que, aunque en el sumario de esta causa tan sólo aparece el pago de la indemnización a Ambrosio Jiménez, la denuncia inicial, interpuesta en diciembre de 2013 (posteriormente hubo tres ampliaciones), incluía «pagos ilegales» por un valor total de 24 millones de euros con cargo al crédito ICO de 2012. Entre esas facturas figuraba, además de la de 13,2 millones a Jiménez, un pago de 8,6 millones a Aguas de Telde, una empresa participada al 50% por el Ayuntamiento, y otros de menor cuantía correspondientes a dos expropiaciones de Royal Urbis.
El demoledor informe del Tribunal de Cuentas de 2013 concluyó que esas facturas no debieron pagarse con cargo al crédito ICO, que estaba reservado a obras, suministros o servicios y prohibía el pago de intereses.
El abono de 13,2 millones a Promociones Horneras, la empresa de Ambrosio Jiménez, supuso el pago de mayor cuantía realizado en España mediante ess instrumento. Una sentencia de 2011 obligaba al Ayuntamiento a indemnizar al empresario por una operación urbanística ilegal realizada en 2005. Entonces, la corporación gobernada por el PP y Ciuca vendió una parcela de 6.500 metros cuadrados en La Mareta a Jiménez tras haberle quitado una concesión para la construcción de un hotel y un centro comercial a otro empresario, Julián del Castillo, a quien la Justicia acabó dando la razón.
En su primera declaración ante la juez, María del Carmen Castellano descargó toda la responsabilidad en el interventor municipal, que era, en su opinión, el competente para decidir si se podía abonar la indemnización a Jiménez con cargo al crédito ICO del plan de proveedores. Por su parte, José Luis Mena reconoció que avaló con un informe el pago sin haberse leído al completo el Real Decreto 4/2012 (de doce artículos) del Gobierno central que impedía realizarlo.
Artiles, que también ha comparecido en esta causa penal como testigo, espera que se tengan en cuenta las facturas no incorporadas hasta la fecha al sumario, así como los pagos realizados con cargo al créidto ICO de 2013, también denunciados a la Fiscalía, y que se amplíen las responsabilidades a otros miembros de la anterior corporación. Para el portavoz de Más por Telde, la magistrada Virginia Peña está haciendo «una gran labor» en este proceso.
El diario.es
