La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha sobreseído y archivado la causa de las actuaciones llevadas por el Juzgado de Telde contra tres emisoras de radio de la ciudad en julio de 2010, que fueron precintadas y sus titulares detenidos por un presunto delito contra la propiedad intelectual, al no verle recorrido suficiente para juzgarlo.
Los hechos se remontan a la mañana del 12 de julio de 2010, cuando la Guardia Civil se personó en estas tres emisoras (una de ellas municipales) por orden de la por entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 y decana de los juzgados de Telde, la juez María de los Ángeles Zabala, quien decretó la entrada, registro y precinto de las tres radios tras recibir la denuncia de un particular, Aridane Francisco Alemán Macías, por un presunto delito contra la propiedad intelectual.
La actuación policial y judicial dio como resultado inmediato que Canal Telde,Radio Cibelio y PCL Radio dejaran de emitir, al intervenírsele los ordenadores y todos los instrumentos de emisión localizados en sus estudios. Una operación que se saldó con la detención de todo el personal de cada una de las emisoras que se encontraba presente en el momento de la redada, en total nueve personas.
En los autos de la juez Zabala se solicitaba al equipo de Policía Judicial de la Patrulla Fiscal de la Guardia Civil: «la entrada y registro en el domicilio de la entidad imputada» para «averiguar si en dicho domicilio social se encuentran, y en su caso se intervengan, los soportes de las obras de audio que sin cesión de los derechos de los titulares legítimos se emiten por esta cadena». Además, el instituto armado solicitaba autorización para intervenir «y en su caso precintar, en caso de volumen excesivo, cuantos aparatos se estén utilizando en la comisión del delito para la emisión, retransmisión de la obra y grabaciones de audiovisual y software, todo ello tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes diligencias».
A lo largo de tres razonamientos jurídicos, la magistrada Zabala aceptaba las pretensiones de la Guardia Civil argumentando que la medida solicitada es «necesaria», «idónea» y «proporcional», lo que le lleva a fundar en Derecho la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
Pero la magistrada se olvida en su auto de otro derecho fundamental, el que recoge el artículo 20 de la Constitución, el de «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», derecho que no puede restringirse «con ningún tipo de censura previa».
En los autos entregados a los nueve detenidos, la juez Zabala consideraba proporcional la entrada y registro, así como la intervención de ordenadores y material y el precintado de equipos de emisiones, en base a «las necesidades de la investigación» y a la imposibilidad de sustituir esa medida «por otra menos gravosa atendiendo a la finalidad perseguida de averiguación de los hechos».
Además, en el auto se da por sentada la idoneidad de la medida «dada la conducta denunciada y el objeto de la presente resolución, como es la acreditación de la difusión, así como la intervención/precinto en su caso de los soportes de las obras de audio que se estén retransmitiendo o se presuma que hayan sido retransmitidas o que estén preparadas para ello».
Y también consideraba «necesaria» la medida de entrada, registro, intervención y precinto «para el esclarecimiento de los hechos, a tenor de los indicios de delito contra la propiedad intelectual que se denuncia ante la retransmisión de las películas (sic) por las ondas sin la correspondiente autorización de la sociedad competente para ello».
Sin embargo, días más tarde la SGAE se desmarcó de esta actuación cuando el por entonces presidente, Caco Senante, explicó en Canarias Ahora Radio que esta institución no tenía ninguna denuncia de ese tipo y que nadie del departamento jurídico de la sociedad de autores conocía este tema.
El Ayuntamiento de Telde presentó una querella por prevaricación judicial continuada contra la juez Zabala, que fue tramitada por el TSJC e incluso tuvo que declarar como imputada, aunque ocho meses después se decretó el sobreseimiento y archivo de la misma al considerar que, en todo caso, la decisión de la juez titular del Juzgado número 6 de Telde podría considerarse «irregular» al apuntar «indicios de antijuricidad», pero nunca delitos de prevaricación continuada como entendía el Consistorio.
El material sigue en los juzgados
Aquella actuación sin precedentes causó perplejidad y rechazo social. Eduardo Garoz, por entonces director de Radio Cibelio, recuerda la actuación «desproporcionada de la Guardia Civil» de hace ya cinco años como «surrealista» y como algo que «nunca debió haberse hecho» porque les hizo «un daño tremendo».
Garoz explica que la intención de esta denuncia era «apartar tres radios que decían la verdad de lo que estaba pasando en Telde» y que el denunciante era una persona que tenía relación con Ciuca, como ya había sostenido el por entonces alcalde de Telde, Francisco Santiago.
El locutor de radio también señala que hoy en día el material incautado sigue sin haber sido devuelto a sus propietarios a pesar de que ha presentado varios escritos en el juzgado para al final «no quedar en nada». «Me temo que lo han subastado ya».
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