La hoja de ruta en el ámbito económico del tripartito PP-CC-CCN sigue revelándose como un despropósito. El Gobierno de Telde ha anunciado en la Junta de Portavoces celebrada este lunes la intención de adherirse a lo dispuesto por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico. Para acogerse a esta norma el Ayuntamiento tiene que presentar su solicitud antes del 20 de enero, siendo necesaria la previa aprobación del Pleno, y el Ministerio de Hacienda dispondrá de dos meses para responder sobre si se cumplen los requisitos.

El Real Decreto incluye dos formas de financiación. Telde tiene la posibilidad de adherirse al Fondo de Ordenación, para lo que se exige una condicionalidad fiscal máxima, lo que le obliga a aplicar los tipos impositivos más altos según la Ley de Haciendas Locales y toda la ordenación sectorial que el Gobierno del Partido Popular ha ido publicando en repetidas ocasiones. Las condiciones que deberá atender el Consistorio son bastante estrictas, y el beneficio será poder aplicar este nuevo crédito,  durante un año, para la amortización de vencimientos de principal y de intereses de otras operaciones de crédito.

Las condiciones obligadas consisten en reducir un 5% los capítulos de gasto 1 y 2 durante 2015 y no aumentarlos durante los dos años posteriores. En este sentido, Nueva Canarias Telde subraya que no hay presupuesto ni proyecto de presupuesto para 2015 debido al desastre de política económica del actual Gobierno Municipal, por lo que se desconoce si este requisito va a poder cumplirse. También recoge la normativa la financiación de los servicios públicos durante el primer ejercicio a través de tasas y precios en un 50%, el segundo en un 75% y el tercero en un 100%, y la formación nacionalista recuerda que el Ayuntamiento no ha presentado una contabilidad de costes de esos servicios, aunque cabe suponer que sí ante el Estado, con la consiguiente y lógica duda de si para cumplir esta cláusula se tendrá que aumentar nuevamente la presión fiscal a los ciudadanos.

Otro condicionante para acogerse a este Real Decreto-ley es el de no suprimir ningún tipo de impuesto, siendo únicamente posibles las modificaciones que aumenten el monto total de la cantidad a cobrar. Tampoco se pueden ofrecer beneficios fiscales que nos sean los impuestos por la ley a las entidades locales, igualmente no puede bajarse el tipo de interés y el tipo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) no deberá ser nunca inferior al 0,6%, por lo que con la última bajada que planteó el Gobierno municipal tras la escandalosa subida impositiva en Telde, se tendrá que volver a aumentar el IBI. Además, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica deberá estar al máximo.

Al interventor municipal le corresponde realizar una memoria, y el Ministerio no solo hará un estudio de los diferentes planes de ajuste sino que también será perentorio su visto bueno al presupuesto.

NC Telde denuncia una vez más la política intervencionista del Gobierno de Madrid restándole autonomía a las corporaciones locales, a lo que se suma la desastrosa línea de actuación en materia económica del PP en Telde. Nueva Canarias desconoce el estado de desarrollo de los planes de ajuste anteriores y critica que seguir incorporándose a este tipo de convenios, incluso entendiendo que su fin es positivo, supone un estrangulamiento de la gestión municipal y una completa dependencia del Estado, poniendo en peligro los servicios que recibe la ciudadanía y acercando probables consecuencias para el personal del Ayuntamiento al exigir recortes en el gasto referentes a los Capítulos 1 y 2.

Por todo ello, la formación presidida por Carmen Hernández, candidata a la Alcaldía, exige que se convoque una comisión informativa en la que se dé cuenta del estado del desarrollo de presupuesto del ejercicio 2014 y de cuál va a ser la política presupuestaria en los próximos cinco meses del Gobierno de Mari Carmen Castellano, que únicamente ha sacado un presupuesto adelante en toda la legislatura.

Ante la falta de información ofrecida, Nueva Canarias también muestra su preocupación por el relevo en la figura del interventor municipal, debido a la jubilación del actual -del que los nacionalistas han denunciado su predisposición para confeccionar informes a la carta- , a la espera de conocer quién será la persona que ocupará el cargo y su visión sobre la errática política económica del tripartito PP-CC-CCN, una política económica que no ha cesado de dar tumbos, alejada del sentido común y de una visión amplia en favor del interés general del municipio, subiendo impuestos y recortando servicios a los ciudadanos, respondiendo principal y obedientemente a las decisiones tomadas desde el PP de Madrid.

José Luis Mena, exjefe de Urbanismo y ex director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del municipio grancanario de Telde, ha admitido este martes en sede judicial que avaló con un informe el pago de 13,24 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a los fondos del crédito ICO sin haberse leído al completo el Real Decreto 4/2012 (de doce artículos) del Gobierno central sobre el denominado plan de proveedores, que estaba reservado a obras, suministros o servicios y prohibía el pago de intereses.

El Consistorio abonó esa cantidad al conocido empresario grancanario en concepto de indemnización por sentencia judicial, pese a que el plan no lo permitía, según puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe de 2013.

La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP), y Mena han declarado este martes en calidad de imputados ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 2 de Telde, Virginia Peña, por el denominado caso La Mareta, que investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y desobediencia a la autoridad.

Según ha podido saber Canarias Ahora, Mena ha reconocido que el expediente de La Mareta es el más complejo que ha tramitado y ha afirmado que elaboró el informe a petición del interventor municipal, Enrique Orts (a quien la Fiscalía pide imputar), sin saber si el crédito ICO servía para pagar a Jiménez.

El exjefe de Urbanismo de Telde, condenado por otras dos causas – Grupo Europa y Los Alisios– a más de diez años de cárcel, ha señalado que su única preocupación era ejecutar la sentencia que obligaba a indemnizar al empresario y que su informe se limitaba a valorar si los créditos eran materia de contratación, como le había solicitado Orts.

Por su parte, María del Carmen Castellano ha descargado toda la responsabilidad en el interventor municipal, que era, en su opinión, el competente para decidir si se podía abonar la indemnización a Jiménez con cargo al crédito ICO del plan de proveedores. La alcaldesa ha insistido en que había informes favorables a esta operación y ha asegurado que fue la propia empresa de Ambrosio Jiménez, Promociones Horneras, quien solicitó ser incluida en la lista de acreedores y que sólo leyó el contenido del Real Decreto 4/2012 cuando fue imputada en el procedimiento.

La dirigente popular ha negado ante la juez que estuviera preocupada en particular por la deuda con el empresario, puesto que el endeudamiento del Ayuntamiento asciende a 200 millones de euros.

A su salida de los juzgados tras declarar durante algo más de una hora, Castellano ha manifestado que actuó «conforme a la legalidad» y, por ello, dijo sentirse «absolutamente tranquila» tras responder a las preguntas formuladas por la magistrada y por el Ministerio Fiscal.

«No tengo nada que esconder, todo lo que he podido aclarar lo he aclarado», ha manifestado a los periodistas la alcaldesa de Telde, que ha insistido en que la decisión del pago a Jiménez se adoptó «conforme a las formas regulares y los informes preceptivos servidos por los diferentes departamentos» de la institución.

Siguiendo los consejos de su abogada, la regidora teldense no ha contestado a las preguntas de la acusación particular, al igual que José Luis Mena.

En el caso La Mareta también están imputados Francisco López, concejal de Urbanismo en 2012, fecha en la que se fraguó esta operación; el secretario municipal, Ángel Sutil, y el empresario Ambrosio Jiménez.

La Fiscalía también pidió la imputación del interventor municipal, Enrique Orts, después de que este declarara como testigo el día 22 de diciembre.

La rama del caso de La Mareta vinculada al pago de 13,24 millones de euros a Ambrosio Jiménez se destapó con el informe de 2013 del Tribunal de Cuentas, que detallaba que el Ayuntamiento de Telde pagó con cargo al fondo para proveedores una indemnización concedida por sentencia judicial a Promociones Horneras, propiedad del empresario. Este pago suponía la mayor factura abonada en España a través de este plan.

El origen del caso se encuentra en la denuncia presentada por el empresario Julián Gómez del Castillo contra la operación por la que, en 2005, el Ayuntamiento gobernado en ese momento por PP y Ciuca vendió una parcela de 6.500 metros cuadrados a Jiménez tras haberle quitado a Gómez del Castilo la concesión para construir, entre otras infraestructuras, un centro comercial y un hotel. Los tribunales dieron la razón a este empresario en 2011 y obligaron al Ayuntamiento a recuperar la parcela y a indemnizar a Jiménez.

El Consistorio recuperó el solar, pero una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria ha declarado como no ejecutado el fallo por un defecto formal.

(*) Fuente: Eldiario.es